El Gobierno vende como un gesto a Torra una medida ya prevista por el fin del 155

Una medida ya prevista, y asociada a la «culminación del fin del 155» , como ella misma reconoció, pero la confusión fue mayúscula porque Celaá planteó «levantar la supervisión como gesto de normalización política».

La relajación de los controles sobre la Generalitat llevaba semanas planeada y parcialmente ejecutada , como ya había anunciado el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro hace semanas . De hecho, la Generalitat ya no enviaba informes semanales al Ministerio. Al poner fin al 155, se acababan los controles aprobados en septiembre de 2017, por lo que la medida no es algo nuevo ni inesperado. Prueba de ello es que, según un comunicado de Presidencia, Hacienda informó sin más en Consejo de Ministros del levantamiento de los controles sobre los bancos . Por ello, la relajación no aparece ni en la referencia del Consejo de Ministros.

Pero este guiño no quiere decir que el Estado no siga alerta. Como apuntan desde Hacienda, el nuevo sistema de control de Cataluña vuelve al que se articuló en noviembre de 2015 , con un informe mensual de la interventora de la Generalitat que valida la legalidad de los gastos del Govern y el pago directo a proveedores a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) mediante la presentación de facturas electrónicas a través del portal Face. Estos diques tratan de evitar que el Govern destine dinero público al independentismo.

Proseguir con este nivel de vigilancia estaba dentro de lo pactado entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy , hace semanas, cuando regía el anterior Gobierno. Como recoge el pacto, PP y PSOE acordaron «en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015 el mantenimiento del nivel de controles aprobado en noviembre de 2015».

Desde Barcelona se valora el avance aunque se reclaman más pasos. « Esta semana ya hemos estado haciendo pagos sin pedir permiso a nadie . Celebramos que el Gobierno español se apunte a esta línea. Puestos a hacerlo, que levanten también los controles que impusieron en noviembre de 2015 y que sólo tiene Cataluña», sentenció ayer en Badalona el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonés. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra , había reclamado hace semanas que se pusiera fin a este control mensual, a lo que Montoro replicó que «va a ser que no».

«La Generalitat de Cataluña continúa sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, controles a posteriori para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales , tal como marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», aclaró después Presidencia en un comunicado. Sin embargo, el informe mensual no se aplica a todas las regiones, por lo que el cerco especial sobre Cataluña se mantiene, aunque se haya relajado.

Los controles que ahora se aplican sustituyen a la vigilancia semanal y la retención de las entregas a cuenta del sistema de financiación en una cuenta del Banco de España, que se aprobaron en septiembre de 2017. Estas partidas suponen el 80% de los recursos de la Generalitat , correspondientes a impuestos compartidos por Estado y comunidad como IVA o IRPF y ascendían a unos 1.400 millones de euros al mes, que ahora la Generalitat recibe directamente.

Asimismo, los bancos debían supervisar las órdenes de pago de los recursos de la Generalitat , procedentes de impuestos propios como Sucesiones, así como la retirada de fondos de la citada cuenta del Banco de España ya que requerían del visto bueno de la interventora o una declaración de responsabilidad de las entidades.

Este era el único fleco que restaba por levantar: la vigilancia de los bancos a los pagos de la Generalitat. Lo que se produjo ayer es la llamada a las entidades financieras para que desde el lunes deje de ser imprescindible el sello del Gobierno central para que la Generalitat de Cataluña pueda realizar pagos, previo informe de la Abogacía General del Estado. Ahora la vigilancia de Hacienda se producirá después de que la Generalitat realice los pagos correspondientes, mediante el informe mensual, y no antes. Esto es, un control ex post y no ex ante.

La Justicia aún intenta dilucidar si hubo malversación de caudales públicos para organizar el 1-O pese a este armazón de controles, mediante la falsificación de facturas, el fallo de la vigilancia desplegada por Hacienda, el visto bueno de la interventora u otras vías.

El progresivo incumplimiento de la Generalitat ante los requisitos del Gobierno fue lo que construyó la gradual vigilancia de Hacienda sobre la Generalitat en los últimos años. La victoria de la plataforma independentista Junts pel Sí motivó el control mensual y el pago directo del FLA a los proveedores en 2015. A raíz de la detección de un desvío a finales de junio de 2017 a actividades relacionadas con la consulta, Hacienda endureció el control, que pasó a ser semanal con informes firmados por la interventora y el vicepresidente Oriol Junqueras. Sin embargo, tras aprobar la Ley de desconexión, este dejó de enviar informes a Hacienda, lo que provocó que el Ministerio fuera más allá y fijara una nueva vigilancia, en lo que fue la intervención financiera del Govern, previa al 155.

Pese a que la relajación de los controles más extremos estaba prevista, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró ayer en Twitter que es un «error» levantar el control financiero de las cuentas de la Generalitat y lo enmarcó en un «pago de los votos prestados» a Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno. Sin el último rastro del 155, la negociación política ya pide paso.