El Gobierno Vasco «reparará» con 135.000 euros a las familias de los etarras Txiki y Otaegi

Será una de las últimas decisiones que adopte la consejera de Justicia, Idoia Mendia , antes de que se produzca el traspaso de poder al próximo Ejecutivo del PNV que deberá liderar Iñigo Urkullu. Mendia dará cumplimiento al dictamen elaborado por la comisión encargada de valorar y resolver los casos de vulneración de derechos humanos que pudieron producirse en el contexto antes expuesto. Además de Txiki y Otaegi, cuyas familias solicitaron la reparación moral y económica de los etarras fusilados una vez aprobado el decreto, otras seis personas serán reconocidas y resarcidas económicamente , cinco de ellas fallecidas por disparos o «excesos» de los cuerpos policiales en el ejercicio de su acción. En su caso también recibirán 135.000 euros.

Para los heridos, el decreto prevé ayudas de hasta 390.000 euros.

La elaboración y aprobación de este decreto sobre «víctimas de motivación política» suscitó profundas críticas por parte de los colectivos de damnificados por el terrorismo , que acusaron al Ejecutivo de López de «equiparar» sufrimientos y dar alas a la teoría de los «dos bandos». Las asociaciones temían por otra parte que se pudiera extender la sombra de la sospecha sobre la labor que los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado han desarrollado en casi medio siglo de acción contra ETA, cuando han sido ellos precisamente el colectivo más golpeado por el terrorismo.

También UPyD y el PP denostaron el plan , si bien los populares defendían reparar a todas las víctimas de vulneración de derechos humanos, entienden que no era el momento idóneo.

La consejera de Justicia, sin embargo, defendió el trabajo de su equipo en este terreno como «una de las mejores contribuciones para un futuro en paz» , al entender además que ayuda a neutralizar los argumentos de quienes justificaron la existencia de ETA en los posibles excesos policiales cometidos. «Se trata de extender el reconocimiento de los derechos a un colectivo de víctimas para el que llegamos tardísimo», defienden desde el área de Justicia del Gobierno vasco.