La Generalitat se esconde tras un apagón informativo para comprar las urnas

Puestas las bases de lo que el soberanismo pretende que sea el sustento legal del referéndum del 1 de octubre, la Generalitat se aplica ahora en la consecución práctica del mismo, para lo que necesita en primer lugar urnas. Tras el fracaso en la adjudicación del concurso -una empresa se retiró y la otra no cumplió los requisitos-, se anunció que en la reunión del Govern celebrada ayer se reactivaría el procedimiento de compra. Nada de eso sucedió, no por una cuestión de elemental prudencia sino apelando al secretismo con el que la Generalitat anunció que actuará a partir de ahora.

«Hemos analizado y compartido diversos itinerarios para disponer de las urnas y cuando los hayamos completado ya los explicaremos », anunció el nuevo consejero de Presidencia y debutante como portavoz, Jordi Turull. La Generalitat confirma así que pretende llevar a cabo la adquisición prescindiendo del anuncio público de licitación, un secretismo que Turull justificó porque no quieren poner «en riesgo» la votación del 1 de octubre, ni se lo quieren «poner fácil» a un Estado que, a su juicio, practica un «asedio» por «tierra, mar y aire con armas no convencionales» y que «va a más». El Govern podría escudarse en el artículo 177 de la ley de Contratos del Sector Público, que permtite prescindir de la publicación de la licitación cuando se acude al procedimiento negociado tras un concurso fallido, como así sucedió. Permitiría al Govern llevar adelante la compra de las urnas, en ningún caso sortear su responsabilidad penal tras las sucesivas advertencias del Tribunal Constitucional.

Es es cualquier caso una posibilidad, dado que, como informó la Generalitat ayer, el secretismo, bien sea para la compra de urnas o de las papeletas, o para la elaboración del censo, va a ser la norma a partir de ahora . El Ejecutivo catalán solo dará información cuando «sirva a la causa y al objetivo , que es que la gente vote el 1 de octubre», zanjó Turull apelando al «estado de sitio» que el Estado le aplica a la Generalitat. Del mismo modo, tampoco se quiso aclarar cómo se plasmará la decisión adoptada según la cual todas las decisiones relativas a la consulta las asumirá el Govern de forma colegiada, algo que, no obstante, tampoco tiene trascendencia penal, según los expertos consultados. «Visto como las gastan, el tempo informativo lo administraremos nosotros», añadió Turull, que cuando fue cuestionado por la opacidad que supone esta política quiso distinguir entre «transparencia» y «ostentación».

En esta línea de secretismo, tampoco se quiso aclarar si en la próxima reunión del nuevo órgano de coordinación del referéndum que ha creado la Generalitat se adoptará alguna decisión concreta. Dicho órgano, al modo de una comisión de seguimiento, reconoció Turull, lo componen el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, el número dos de su departamento y el secretario del Govern. En la reunión que se celebrará en los próximos días también asistirán de manera puntual el consejero de Justicia y el de Presidencia.

La única decisión que sí adoptó ayer de manera transparente el Ejecutivo catalán -mediante su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat- es el traspaso del área de Procesos Electorales desde la Consejería de Gobernación a la Vicepresidencia. Esta responsabilidad, la logística de la consulta en realidad, correspondía hasta ayer a la consejera Meritxell Borràs, con causa abierta en el TSJC por haber puesto en marcha precisamente el concurso fallido para la compra de urnas. Como si se tratase de un aviso a navegantes, el TSJC abría ayer diligenciascontra Borràs y su exnúmero dos Francesc Esteve, reclamando a la Generalitat el expediente completo del concurso citado.

Los pasos que va dando la Generalitat hacia la consulta de octubre reciben una contestación regular por parte del Gobierno: la consulta no se hará, y quien trate deorganizarla pagará por ello, en lo penal y en lo económico . El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advertía en esta línea de que si los miembros del Ejecutivo catalán quieren comprar urnas para el el 1 de octubre las «tendrán que pagar de su bolsillo». En Catalunya Ràdio, Millo recordó que ya hay en la comunidad «más de 8.000 urnas disponibles para hacer un proceso electoral legal, por lo tanto no hace falta comprar ninguna urna para hacer un proceso electoral legal».

En el lado contrario, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, exigió al Govern que «no dilate más» el proceso para su adquisición. «Estamos esperando a que haya públicamente el acto administrativo que haga falta» para comprar las urnas, ha señalado Boya, para quien «esta historia de las urnas está durando demasiado», apuntó la diputada antisistema.