Fondos europeos: «Superpoderes» para Moncloa y reforma de leyes «de tapadillo»

El decreto de los fondos europeos buscaba eliminar «cuellos de botella» para que una Administración poco ágil como la española pudiera digerir los 140.000 millones a recibir en los próximos seis años, de los cuales 72.000 millones serán ayudas directas. El texto convalidado ayer recoge medidas para reorganizar la administración del Estado y simplificar trámites, pero no aborda su reparto.

La polémica ha saltado principalmente por el modelo de gobernanza impuesto, que centraliza el poder en Moncloa, algo que ayer le echaron en cara la práctica totalidad de los grupos, y por reformar «por la puerta de atrás», en palabras de la popular Elvira Rodríguez , la legislación de contratación de la Administración, sin los debates ni cautelas requeridos.

Lejos de un comité de expertos de reconocido prestigio , como han puesto en marcha países vecinos como Italia o Francia, y como había propuesto también el PP, la comisión que dirigirá los fondos y que centralizará su control desde la Presidencia, ha sido diseñada para limar las asperezas que generó en el vicepresidente Pablo Iglesias el primer borrador de este decreto, que le mantenía fuera de la estructura interministerial.

El texto original contaba con hasta once ministerios, incluidas las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, pero no con Iglesias y solo incluía la cartera de Yolanda Díaz entre las del ala morada del Gobierno. Finalmente serán todos los ministros, también Iglesias, quienes gestionarán y ejecutarán en maná europeo.

Otros de los agujeros negros del texto está en la simplificación de algunos procesos administrativos incluidos en aras de la eficiencia. Precisamente el PP fue ayer especialmente crítico con este aspecto y denunció su «discrecionalidad y falta de transparencia». «Es un cóctel letal para el clientelismo y la corrupción», dijo ayer Rodríguez. Y es que la norma simplifica las leyes de contratos y subvenciones y reduce la presencia de la Intervención General del Estado.

Según las cifras de los populares , «más de la mitad del contenido del decreto no necesitaba estar recogido en una norma con rango de ley. Pero con la excusa de la imperiosa necesidad de ejecutar rápidamente los fondos se han llevado por delante una parte significativa de los mecanismos de seguridad de la gestión de los fondos públicos en España. De ahí la preocupación ».

El otro gran foco de incertidumbre llega con la vía elegida por el Gobierno para canalizar la colaboración privada. Además de los «PERTE», que no se conoce aún cómo se determinarán, solo se sabe que se crearán «sociedades de economía mixta» en las que habrá mayoría pública pero en las que concurrirá el capital privado.