La Fiscalía sostiene que Convergència tenía un «modus operandi» para cobrar el 3%

Es más, había todo un «modus operandi», controlado por el tesorero de Convergència y de la fundación CatDem, Andreu Viloca , que consistía en «anuncio-publicación de los concursos, reuniones entre los actores descritos (en distintos momentos del anuncio-licitación-adjudicación), adjudicación del contrato de obra o de servicio investigado, y donaciones». La investigación ha puesto de manifiesto que los empresarios pagaban las comisiones camufladas en donaciones a la fundación de Convergencia en paralelo a la adjudicación de los contratos, como ya reveló este periódico en una serie de informaciones en octubre de 2015, en las que se relataban donaciones y contratos con relación causa-efecto.

La «serie de flujos de fondos» detectados y su «secuencia temporal, hacen aflorar una relación entre corruptor y mediador/conseguidor político ».

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reconstruido mediante gráficos ese «modus operandi» en operaciones concretas. Por ejemplo, la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, y el Grupo Soler, fueron adjudicatarios de un contrato de mantenimiento de escuelas públicas que sumaba 4,57 millones de euros. La licitación se publicó el 3 de noviembre de 2011. El 12 de abril de 2012 se produjo una reunión entre Andreu Viloca y Jordi Sumarroca, según las agendas intervenidas al tesorero de Convergència, y, el mismo día, la fundación CatDem ingresó un cheque de 40.000 euros de la empresa Blue Green Village, propiedad de los Sumarroca. Los días 22 y 30 mayo se produjeron dos reuniones con los mismos asistentes. Menos de un mes después, el 21 de octubre, la empresa recibió la adjudicación pública. El 29 de octubre se registra otra reunión y la entrega de un cheque con otra «donación» de 40.000 euros. El otro adjudicatario, Soler, también pagó.

Las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han situado a Andreu Viloca, quien «asume el dominio sobre la totalidad de los recursos financieros de CDC », como protagonista principal de la trama del tres por ciento. El tesorero realizaba un «especial seguimiento de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local (ayuntamientos) y provincial (diputaciones) como autonómico (GISA)». Cobraba las « mordidas » con las fundaciones ligadas a Convergència. Los fiscales concluyen que «las cuentas de las fundaciones no son más que una parte de las cuentas de CDC». Se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, alteración en subastas y concursos públicos, prevaricación, blanqueo y falsedades.