La Fiscalía pide cinco años y dos meses de cárcel para Oriol Pujol por el caso de las ITV

En su escrito de acusación, el Ministerio Público describe una trama empresarial en virtud de la cual los imputados decidieron repartirse las estaciones de ITV en Cataluña, valiéndose para ello de los cargos políticos que ostentaba Oriol Pujol tanto en el Parlamento catalán como en el partido (secretario general de CDC). Pujol intervino «directa e indirectamente en diversas negociaciones, facilitando en unos casos el acceso al entonces presidente de la Generalitat (Artur Mas) o a altos cargos de distintos departamentos, «coordinando llamadas y actuaciones» con su «íntimo amigo» e imputado Sergi Alsina e incluso fijando «estrategias de comunicación», como fue el caso de la venta de la planta de Sharp Corporation o el traslado de activos de Yamaha.

Para poner en marcha el plan que pretendía hacerse con el control de las estaciones de ITV, Alsina fue requerido por varias empresas para realizar labores de intermediación en varias operaciones mercantiles dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Según sostiene la Fiscalía, con la finalidad de gratificar la labor realizada por el hijo de Pujol, Alsina «contrataba aparentemente los servicios de la mujer de Oriol en concepto de asesoría a cambio de retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de la misma por una labor de asesoramiento ficticia».

Así, el importe total de las facturas giradas y cobradas por Anna Vidal contra distintas empresas por servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2010 a 2012 fue de 443.660 euros. «Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre los acusados Sergi Alsina y Anna Vidal, con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por el también acusado Oriol Pujol».