La Fiscalía archiva la denuncia contra Carlos Dívar por sus viajes a Marbella

En el decreto, el Fiscal recuerda que desde el año 1996, y tras un acuerdo del Pleno del CGPJ, las justificaciones de viaje se realizan sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento. Asimismo, recuerda que «la Intervención nunca ha puesto reparo alguno a las cuentas justificativas de los referidos viajes».

Tras examinar los documentos, Martín Casallo explica que el hecho de abonar determinados viajes con cargo a su dinero, o el hecho de no cargar en alguno de ellos la manutención y el alojamiento, o el hecho de individualizar lo privado de lo público, pagándose el alojamiento y la manutención en determinados días o, en fin, el hecho de cargar a la cuenta del Consejo solamente el viaje de regreso tras una visita privada a Málaga que tuvo que interrumpir por motivos oficiales para regresar a Madrid, demuestra «la inexistencia de una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio que el tipo penal exige como requisito indispensable para su aplicación».

Así, concluye, «no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal».

La Fiscalía abrió diligencias informativas el pasado 10 de mayo tras la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez por la malversación de 5.658 euros gastados en seis viajes, aunque luego la amplió a otros 20, que habrían supuesto al erario público un coste de hasta 12.996 euros.

Este mismo lunes, la Mesa del Congreso había desestimado la petición de IU de que compareciera en la Cámara para explicar los viajes. Fuentes de la Mesa explicaron a EFE que no se ha admitido esta petición porque la Cámara es el órgano de control del poder Ejecutivo, pero no del Judicial, y porque el asunto está ya en manos de la Fiscalía.