El fiscal pide que se archive el «chivatazo» en el que está imputado García Hidalgo
No hay «prueba directa» -según sostiene el fiscal- que apunte a que agentes de la Policía participaran en el «chivatazo» a Joseba Imanol Elosúa, máximo responsable de una red de extorsión de ETA, registrado cuando en plena tregua el Gobierno de Zapatero y socialistas vascos mantenían contactos con la banda terrorista y la ilegalizada Batasuna. Tras el «soplo», la desarticulación de este entramado se retrasó un mes: hasta junio de 2006.
Es la ausencia de «prueba directa» la que ha motivado que, tres años después de comenzar las investigaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido al juez Baltasar Garzón el archivo de esta causa, al tiempo que solicita el alzamiento del secreto de las actuaciones. El Ministerio Público no ve indicios de que los tres imputados en la causa -el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco en el momento de los hechos y un inspector de la Brigada de Información de Álava- tengan relación con el «chivatazo» del 4 de mayo de 2006. En una conversación en el interior de su vehículo, Elosúa confesó a su yerno que «le han advertido del seguimiento efectuado».
Para la Fiscalía, ni la intervención de las comunicaciones durante casi dos años de varios cargos y unidades de la Policía especializadas en la lucha antiterrorista, ni reconocimientos fotográficos, ni ruedas de reconocimiento en sede judicial (Elosúa no identificó al inspector de Álava como la persona que le cedió el teléfono para que un tercero le «soplara» la operación), ni comisiones rogatorias a Francia ni los testimonios de hasta 47 personas -titulares de los móviles con tráfico de llamadas cerca del bar Faisán, del que era dueño Elosúa-, han arrojado elementos incriminatorios sobre los tres encausados, por lo que «no se puede sustentar» la acusación.
Así lo asegura el fiscal Carlos Bautista en el escrito dirigido al Juzgado del que es titular Garzón. En él reconoce que sólo el informe de análisis de llamadas telefónicas, elaborado por los cinco funcionarios de la Policía que intervinieron en la investigación (previa al «soplo») de la red de extorsión y que formaban parte del dispositivo policial que se puso en marcha los días 3 y 4 de mayo de 2006, contiene una hipótesis de imputaciones apoyada, «de forma exclusiva», en la concatenación de llamadas que el día anterior y el de la filtración se producen «de forma sucesiva» entre los imputados.
«Filtración»
El «nexo» de esas llamadas es la que se produce poco después de las 11 horas de aquel 4 de mayo -lapso en el que se sitúa el «soplo»-, y en ella participan el jefe superior de Policía del País Vasco (emisor) y el inspector de Vitoria (receptor)-». Sólo el contenido de esas conversaciones, dice el fiscal Bautista, habría arrojado luz sobre la posible vinculación de García Hidalgo y los dos funcionarios del Cuerpo con el «soplo». El éxito de la «filtración radica en que nadie detecta la presencia de la persona que supuestamente porta el móvil (y que se lo habría pasado a Elosúa) ni en las inmediaciones del domicilio de Elosúa ni en el bar Faisán».
De cualquier forma, Bautista recuerda que los dos funcionarios imputados «justifican» sus conversaciones teléfonicas en la entrevista que el jefe superior del País Vasco iba a a mantener «con un confidente miembro activo de la organización terrorista ETA en el momento de los hechos», algo que, según el fiscal, «justifica sobradamente los contactos telefónicos entre ambos». Uno y otro han mantenido una «versión exculpatoria coherente». Respecto a la presunta implicación de Hidalgo, ésta estaría motivada por sus contactos con su subordinado, el jefe superior de Policía, «algo habitual y frecuente por los cargos que desempeñaban ambos», según consta en el escrito del fiscal.
UIP y tarjetas prepago
En cuanto a la presencia de Unidades de Intervención Policial (UIP) en la frontera con Francia ese día (lo que obliga a suspender la entrevista con el confidente), ese dato aparece confirmado por dos personas distintas «y extramadamente distantes entre sí». Junto a ello, los informes remitidos por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil «corroboran la existencia muy habitual de UIP en frontera».
Otra de las circunstancias que, a juicio del fiscal, exime a los imputados es que no se ha podido determinar la identidad de los «poseedores de las tarjetas prepago que ese día (4 de mayo) efectuaron y recibieron llamadas en el ámbito de cobertura de la BTS (antena de telefonía) de Irún. Dado que en ese tiempo no era obligatorio determinar la identidad y datos personales de quien compraba una tarjeta prepago «tal investigación resulta irrealizable».
El fiscal subraya que las detenciones de Elosúa y de los miembros de la red de extorsión se retrasó un mes «no por indicaciones o sugerencias de altos mandos de Interior, sino al parecer por instrucciones de las autoridades del país vecino a los funcionarios franceses del equipo conjunto de investigación».
Por todo ello, el Ministerio Público considera «agotada la investigación». Al no concurrir claros indicios incriminatorios que «acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan resulta procedente (...) acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa».
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