El fiscal general del Estado sostiene que el gran problema de la justicia española es la lentitud

Maza ha ofrecido una conferencia sobre los problemas y reformas que requiere el ámbito judicial dentro del marco de un curso que imparte la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial sobre Pacto para la Justicia. La lentitud se ve agraviada por «la percepción de los ciudadanos» ante los procesos penales de los casos de corrupción , señala Maza que aboga por que se reduzcan «los juicios en año y medio y no en 8 años».

Dentro de los cambios de este Pacto para la Justicia se encuentra la atribución de la facultad de investigador a los fiscales , en vez de estar en manos del juez de instrucción. A este respecto, Maza apoya la figura del «fiscal investigador», lo que considera que es una «reforma de grandísimo calado». El fiscal general del Estado sostiene que en otros países ha dejado de existir «la figura del juez de instrucción» y suponen diferencias remarcables con los estados que componen la Unión Europea y parte del problema de la lentitud del sistema.

Maza ha conducido su tesis sobre los problemas organizativos y técnicos hacia las distinas formas de establecer la culpabilidad de un acusado , donde defiende la figura de la la «acusación popular». Sin embargo, también ha sostenido que dicho instrumentos conformado por ciudadanos también plantea problemas.

El representante del Ministerio Fiscal se ha dirigido a las agrupaciones políticas que componen el Congreso de los Diputados porque considera que «las deficiencias que tiene está produciendo desafección entre los ciudadanos hacia las instituciones y el sistema» . A este respecto, ha pedido a los miembros de la Cámara Baja que deben «buscar soluciones».

Ante las causas abiertas contras miembros del Govern, Maza ha abogado por esperar a que tengan lugar los correspondientes pronunciamientos , puesto que «la última palabra la tiene el tribunal» y la misión del Ministerio Público que proceder ante la ley o las sentencias. Sin embargo, ha defendido que la Fiscalía está atenta a las acciones delictivas para «interponer las acciones oportunas para intentar impedirlo».

A este respecto, la Fiscalía ha procedido ante la compra de urnas , puesto que «a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional diciendo que la consulta es ilegal, está fuera de la ley, pues todas las actuaciones que se lleven a cabo para proveer de medios para efectuar esa consulta» son ajenas a la legalidad.