El expresidente de Indra alega que desconocía los contratos con la Púnica en Madrid

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Monzón, que acudía en calidad de investigado, ha apuntado en respuesta tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al juez Manuel García Castellón , su propia defensa y algunas de las acusaciones, que él se encargaba de la estrategia y no estaba en los pormenores de las operaciones, como tampoco tuvo conocimiento de los pagos objeto de las pesquisas ni conocía las facturas hasta que las ha visto en el sumario.

Asimismo, ha incidido en que Indra contaba con un marco completo de normas y procedimientos para la gestión de operaciones y proyectos, así como un sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento legal y normativo en el que se desempeñaban más de 200 profesionales.

En esta línea, Monzón ha remitido a la documentación pública que la compañía difunde regularmente como cotizada en el Ibex 35 para acreditar que esos controles internos que iban más allá de los requerimientos legales aplicables en aquel momento.

De acuerdo a las mismas fuentes, ha recordado la magnitud del negocio que tenía la compañía en los años en que se habrían registrado los hechos objeto de la investigación, cuando Indra generaba un volumen de ventas anuales de entre 2.500 y 3.000 millones de euros, con 40.000 trabajadores , filiales en 40 países y proyectos en unos 150 tanto con otras empresas como con administraciones públicas.

Fuentes de su defensa, ejercida por el letrado Luis Rodríguez Ramos , ban expresado su confianza en que la información aportada por Monzón «resulte de utilidad para el avance las diligencias de investigación que se deban llevar a cabo en la presente fase de instrucción de este procedimiento judicial».

En todo caso, recuerdan que tanto en los informes policiales como en las diligencias de instrucción practicadas desde 2014 no hay referencia a la participación de Javier Monzón, al que hasta la fecha tampoco ha señalado ninguno de los testigos o investigados.

De acuerdo al auto de imputación dictado por el juez Manuel García Castellón, Indra, investigada como persona jurídica en la causa, se «convertiría en instrumento de desvío de los fondos públicos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PPCM y de la Comunidad de Madrid tras deudas del partido o de sus dirigentes» cuando Monzón desempeñaba como presidente «funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección».