El ex director general de Acuamed paga una fianza de 300.000 euros para salir de prisión

Mateo ha prestado la fianza mediante aval bancario después de que ayer la Audiencia Nacional se la rebajara de los 600.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco en abril a 300.000, han informado fuentes jurídicas.

Con la salida de prisión de Mateo, ya no queda en prisión preventiva ninguno de los cinco investigados por Acuamed que fueron a la cárcel el pasado 20 enero a raíz de la operación Frontino .

El pasado abril salieron en libertad el presidente de Altec, Nicolás Steegman, tras abonar su fianza de 600.000 euros, y después, bajo fianzas todos ellos de 300.000, abandonaron la cárcel el responsable de Contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor, su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, y su delegado en Valencia, Pablo Martín.

Para reducirle la fianza que le puso Velasco, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo en cuenta el que aún no hubiera abonado el importe de 600.000 euros desde que el juez le impuso esa cantidad el 15 de abril.

La Sala, que se opuso a retirarle la fianza o dejársela en 50.000 euros como él solicitaba, consideró que, salvo el hallazgo en su casa de 120.000 euros ocultos en un libro, no constaba que dispusiera de otros bienes sobre los que no pesaran medidas cautelares, por lo que, a su juicio, 300.000 euros eran suficientes para conjurar el riesgo de fuga.

Velasco atribuye al director general de Acuamed haber «urdido» desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de «presiones») para imponer en el seno de Acuamed «numerosas irregularidades para conceder contratos».

A cambio, recibía «regalos en especie, para él y para otros - implantes de pelo, viajes a Turquía ...- a favor de diversos contratistas de obra pública», explicaba Velasco en un auto.

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea concedidos por Acuamed a FCC y Acciona , en los que los empresarios «presionaban» a los directivos de la empresa pública «para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades».