El PP cuestiona la «ética» política de Rubalcaba y exige su dimisión urgente

Sáenz de Santamaría se refería así a la información revelada por ABC sobre la licitación de varios contratos electorales emprendida desde la Dirección General de Política Interior (dependiente de su ministerio) apenas unos días antes de que el vicepresidente fuera proclamado candidato del PSOE a las próximas generales. Para la portavoz popular, se trata de un claro ejemplo de «incompatibilidad, arbitrariedad y abuso de poder».

«No puede ser que el candidato organice ya las generales como ministro con el anuncio de la licitación de varios contratos vinculados a los comicios —escrutinio provisional, adquisición de cabinas, sobres para votar y papeletas—. Tampoco que tome el pelo a cinco millones de parados afirmando como candidato que tiene las soluciones para el paro mientras se niega como vicepresidente a poner las condiciones para ello. Y tampoco puede ser que incumpla las leyes —la que le obliga a suprimir el canon— y las demore hasta que le venga bien a sus intereses». La dirigente popular recordó que fue el propio Rubalcaba quien dijo que «por supuesto dejaría el cargo antes de iniciar la convocatoria de las generales».

Respecto a las palabras del candidato sobre las soluciones para el paro, Sáenz de Santamaría dijo que «la P. de Alfredo se va a convertir en paro y punto, porque es lo único que les ha dado a los españoles su etapa en el Gobierno».

También se refirió a la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la SGAE. Y lo hizo para asegurar que los nuevos datos conocidos sobre el control de las cuentas —entre ellos el hecho de que uno de los directivos de la entidad, José Luis Rodríguez Neri, y su pareja confesaran que la SDAE debe dos millones a Industria— afectan directamente a varios departamentos del Gobierno: Cultura, Vicepresidencia Tercera, Vicepresidencia Segunda e Industria.

Puesto que el asunto se eleva a la vicepresidencia política del Gobierno, continuó, esta tendrá que dar cuenta de cuál ha sido su coordinación e impulso en este asunto». Por ello exigió que Rubalcaba conteste a la interpelación urgente al Gobierno que el PP defenderá en el Pleno del Congreso el miércoles de la próxima semana y en la que pedirá explicaciones al Ejecutivo y a los distintos ministerios.

A Cultura, porque le corresponde la vigilancia en el cumplimiento de las actividades de la SGAE; a Industria, para que explique «esos dos millones que aparecen en el auto; a la Vicepresidencia Tercera, para que explique qué hizo con los informes de la Agencia de Calidad de los Servicios donde se advierte de problemas de transparencia y de supuestas irregularidades en la gestión de la SGAE; y por último, a la Vicepresidencia Segunda, para que dé explicaciones de las actuaciones que llevó a cabo después del informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre posibles actuaciones monopolísticas. «Si hubiera ejecutado sus competencias de vigilancia con el mismo ardor con el que mantuvo el canon, quizá la historia hubiera sido otra».

Precisamente la dirigente popular anunció que su grupo llevará a discusión el martes la proposición no de ley para la supresión del canon digital y su sustitución por otras fórmulas compensatorias menos arbitrarias e indiscriminadas. Y es que, recordó, el Gobierno lleva un mes incumpliendo la obligación legal marcada por la Ley de Economía Sostenible, pues ya tenía que haber procedido a la revisión del canon.

A la gestión del Gobierno también se refirió ayer el presidente de la CEOE, Joan Rosell, quien en los cursos de verano de FAES, en Navacerrada, aludió al eterno debate sobre las reformas. «Es hora de dejar de enunciarlas y empezar a hacerlas», dijo el empresario, que defendió que es «imprescindible» encararlas con el prisma de la libertad económica. «Aunque ahora hay muchos políticos que tras quedarse huérfanos de ideología han terminado abriendo los brazos a la libertad económica», añadió.

Ya en declaraciones a RNE, Rosell se refirió al reproche del vicepresidente primero a los bancos por cobrar las hipotecas de la «gente que lo está pasando mal». A su juicio, estas manifestaciones son «muy cortas y casi improvisadas», y hasta la fecha «no están argumentadas», concluyó.