Estrasburgo pide explicaciones al Gobierno español por no renovar el CGPJ desde 2018

Estrasburgo estudiará así si se ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los que se refiere al derecho de estos seis magistrados a un proceso judicial dentro de un plazo razonable . Estos seis aspirantes a formar parte del CGPJ habían recurrido anteriormente al Tribunal Constitucional, que rechazó de plano su solicitud de amparo por estar presentada fuera de plazo.

En una resolución dictada el 2 de mayo, Estrasburgo requiere al Gobierno español para que presente una exposición de hechos junto con sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de las denuncias presentadas por los seis magistrados, apoyados por la AJFV. Da de plazo al Ejecutivo hasta el 15 de septiembre de 2022 para que presente sus alegaciones.

Estos seis magistrados recurrieron al TEDH el pasado octubre para denunciar la inactividad de las Cortes Generales en el proceso de renovación «por razones e intereses meramente políticos». En su impugnación, recordaban que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ. Desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y «ante la pasividad de las instituciones«, el 14 de octubre de 2020 decidieron ir en amparo al TC por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, considera que «los vicios del sistema actual son los que han causado el bloqueo del CGPJ por parte de los partidos políticos». «España es un Estado de Derecho pleno, pero existen determinadas grietas en el sistema institucional que se están agrandado en los últimos tiempos, como es el proceso de elección del CGPJ, y esperamos que con esta demanda el TEDH pueda corregir algunos de estos defectos», explica Jorge Fernández Vaquero.

A juicio del portavoz de AJFV, «nuestro sistema institucional tiene un problema con el proceso de elección del CGPJ y el Constitucional debería estar al frente en la protección de las garantías constitucionales para defender ese sistema».