Esperando a Rajoy

Por asombroso que parezca, el rector desconfía de los medios a su alcance para averiguar si la universidad que dirige le dio a Cifuentes el dichoso título posgrado cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional. Constata que se cometieron «graves irregularidades», suspende cautelarmente al director del máster, le abre expediente disciplinario a la funcionaria que modificó las notas y luego, en un gesto de hercúlea contundencia, le traslada al juez la patata caliente de la cuestión de fondo.

Si hay sentencia firme por la falsificación de documento público anulará el título que la presidenta tiene en el campus. Pero hombre, ¿es que acaso tiene otra opción? ¿Alguien se imagina que pudiera darlo por bueno después de una sentencia firme que concluya que fue fruto de manipulaciones, falsedades y chanchullos?

Todo hubiera sido más fácil si la Rey Juan Carlos la hubiera desposeído ayer de su título. Rajoy, entonces, podría haberse amparado en esa excusa para pedirle la dimisión «por el bien del partido». Ahora, en cambio, no tiene más remedio que actuar -o no- a palo seco.

El partido está dividido en dos bloques. Los partidarios de resistir explican que si quieren volver a ganar las elecciones generales tienen que plantarle cara al chantaje permanente de Rivera, aunque ese golpe de autoridad pueda suponer la pérdida momentánea del poder territorial en Madrid. Humildemente, creo que se equivocan. Ni la petición de Ciudadanos de jubilar a Cifuentes puede calificarse de chantaje ni la pérdida del poder territorial sería momentáneo.

No es lo mismo defender la testa presidencial de una persona falsamente acusada de tramposa con la firme convicción de que al final la luz de su inocencia resplandecerá más allá de toda duda razonable, que proteger la de alguien que está en la picota de forma cabal.

Frente al testimonio de Cifuentes de que defendió su trabajo de fin de máster ante el tribunal universitario correspondiente se alza el testimonio de las tres integrantes de ese mismo tribunal diciendo que no es verdad. ¿A quién debe creer la opinión pública? Y si concluimos que la falta de confianza en el testimonio de la política bajo sospecha está justificada, ¿a quién beneficia el ejercicio de defensa irracional de su continuidad en el cargo?

La mayoría de los ciudadanos ya hemos emitido un juicio: ni Cristina Cifuentes obtuvo el máster con todas las de la ley ni ha dicho toda la verdad a la hora de defenderse y mientras no cambien las circunstancias, la opinión pública no solo no premiará ningún intento de echarle tierra al asunto, sino que además lo penalizará con nuevas estampidas en la intención de voto.

A Rajoy le corresponde tomar la decisión final. Ni su temperamento ni sus biorritmos le ayudarán a hacerlo en el momento oportuno. En condiciones normales, el presidente del Gobierno huye de las decisiones fulminantes por miedo a dañar su falsa imagen de bonachón inofensivo. Me temo que confunde la lentitud a la cólera con el amor propio.

Pincho de tortilla y caña a que el PP sale de esta con un nuevo jirón en las encuestas. Pero a Rajoy eso es lo que menos le importa. Después de todo ya sabe, en su fuero interno, que el castigo de las urnas recaerá sobre la persona que le sustituya en el cartel electoral. ¿Cospedal o Soraya? Esta batalla no la gana ninguna de las dos. La pierden ambas.