El equilibrismo de Sánchez: todos sus socios se alinean con Puigdemont y La Moncloa evita reproches

Pocas horas después de conocerse la decisión de la Eurocámara, el instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, planteaba una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de la euroorden y las razones para su denegación. El detonante fue el rechazo de las autoridades belgas en enero a la entrega de Lluís Puig , una decisión en la que se cuestionó hasta la competencia del Supremo para juzgarle. Con las respuestas del TJUE, el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto al propio Puig , Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y también Marta Rovira, procesados en rebeldía por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

Como informó ABC, Llarena tiene dudas de que la decisión de las autoridades belga s de denegar la entrega de Puig sea compatible con el derecho de la Unión, basado en la confianza mutua entre los países miembros, por lo que plantea siete preguntas al TJUE , entre ellas, hasta qué punto el órgano de ejecución belga tiene la facultad, conforme al derecho de la Unión, de controlar la competencia del órgano de emisión, en este caso el Alto Tribunal.

En paralelo, la decisión provocó un pulso político con epicentro en la coalición de Gobierno, nuevamente fracturada. Los socialistas discrepan de la posición de sus socios . Nuevamente se han encontrado votando, como es habitual en Europa, junto al PP y Ciudadanos. En esta ocasión también con Vox. Existe malestar con la posición de Podemos, coincidente con todas las fuerzas eurófobas del continente, pero lo cierto es que en el Gobierno consideraban «previsible» la posición de los de Pablo Iglesias. Por eso, ayer se quiso dejar clara la discrepancia, pero aislarla de la convivencia en la coalición. «Ninguna novedad, pero su diagnóstico está viciado en este punto», dicen fuentes del Gobierno. La posición de los socios de coalición no gusta en el resto del Ejecutivo, pero desde La Moncloa se evitó cuestionar a Podemos por este hecho, pese a dejar clara la divergencia de criterio. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , trasladó como mensaje oficial la «satisfacción» con el resultado de la votación porque significa que «se va a atender la petición de uno de los poderes del Estado».

Montero rechazó que tengan que pedirle explicaciones a Iglesias por el sentido del voto de sus eurodiputados. Aseguró que la cuestión no se ha abordado en el Consejo de Ministros ni tampoco de modo informal, y remitió la demanda de explicaciones «al entorno del Parlamento Europeo». Explicaciones que por la mañana ya demandaba Iratxe García , portavoz socialista en la Eurocámara. Preguntada por cómo se deben resolver esas discrepancias de criterio entre los socios de la coalición, Montero rechazó la idea de que tenga que producirse ninguna reflexión ni en el ámbito del Gobierno.

La portavoz trató de enmarcar estas discrepancias en la normalidad. Y se explayó en explicar que PSOE y Unidas Podemos son «dos formaciones distintas» a las que les une el acuerdo de Gobierno , pero que las formaciones «son libres de expresar el sentido de su voto en el Parlamento Europeo». Por eso defendió que «no hay entorno donde se resuelvan» porque ambas son «libres», que las dos formaciones tienen su «autonomía preservada» y que compartir Gobierno «no obliga a que se mimeticen», pero que «si obliga a unidad de acción dentro del Gobierno». La portavoz definió los acontecimientos como «bastante previsibles» y reivindicó que la estrategia respecto a Cataluña sigue intacta: «No vamos a alterar nuestra vocación de diálogo ni de acuerdos puntuales ». No pudo en este punto Montero contener la risa cuando se le preguntaba por la amenaza vertida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de distanciarse del Ejecutivo . El portavoz independentista criticaba también la vuelta a la cárcel de Oriol Junqueras y el resto de condenados: «Si siguen así, lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa», dijo Rufián, que se jactaba de ser «imprescindible» para la gobernabilidad. Tras recordarle a Montero estas palabras, la portavoz del Gobierno se mostró convencida de que este asunto «no va a afectar para nada en las relaciones».

El Gobierno defiende que «el señor Puigdemont tiene que ser juzgado » porque «hubo una imposición unilateral quebrantando las mayorías democráticas y las competencias de cada administración».

Desde primera hora de la mañana el Gobierno quiso fijar posición. En una alocución grabada y enviada a los medios la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , defendía que «un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales».

Las divergencias respecto a Iglesias en cuestiones centrales están muy estudiadas en el entorno de Sánchez. Con un diagnóstico: le beneficia que exista esa diferencia entre Iglesias y él. Pero a la vez evita el choque directo para no perder el favor del electorado de Podemos, que le valora positivamente. Pero a la vez la discrepancia le permite dirigirse a sus electores más templados. Y a su gran ambición no alcanzada: una parte de los huérfanos de Ciudadanos. En el ámbito del Congreso de los Diputados también se ha visibilizado la discrepancia. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra , fue clara: «No entiendo la posición de quien ha votado en contra, porque es un trámite para facilitar el trabajo de la Justicia, pero deberán preguntárselo a Unidas Podemos». El sentir es generalizado en el PSOE. Pablo Echenique negó que se tratase de un trámite y acusó a los socialistas de votar con PP y Vox e ir en contra de «la solución dialogada».