El encarcelamiento provisional del periodista crítico con Erdogan responde al Convenio de extradición

Yalçin fue detenido el día 3 de agosto en el aeropuerto barcelonés de El Prat, donde hacía escala con destino Londres. Sobre él pesaba una orden internacional de detención cursada por Turquía debido a la presunta existencia de vínculos terroristas, por lo que nada más saltar la alerta en el control de pasaportes miembros de la Policía Nacional procedieron a su detención y entrega al magistrado en funciones de guardia de la Audiencia Nacional Ismael Moreno .

Tras oponerse a su extradición, el magistrado decretó su ingreso en prisión provisional, solicitada por el Ministerio Público, debido a la existencia de riesgo de fuga. Una decisión que no prejuzga los delitos que le imputa el Gobierno de Erdogán , sino que atiende a los trámites procesales que rigen en los supuestos de extradición.

Y es que, el Convenio establece que en tanto y cuanto se tramita la extradición, el juez debe optar entre el ingreso del detenido en prisión o su puesta en libertad, lo que depende de la situación personal del requerido. En el caso del escritor turco, Moreno optó por lo primero ya que el periodista carece de vínculos con España, al no tener ningún tipo de arraigo en el país, y ser susceptible de sustraerse de la acción de la justicia.

La medida cautelar decretada se extenderá hasta el próximo 11 de septiembre, fecha máxima que tienen las autoridades turcas para remitir a España la documentación en que fundamentan la extradición. Transcurrido ese plazo sin proceder a lo anterior, el magistrado deberá dejar en libertad a Yalçin.

De remitir en tiempo y forma la documentación, Moreno podrá prorrogar durante un plazo máximo de cuarenta días la prisión provisional a través de un auto susceptible de recurso, y ello mientras se analiza si se cumplen las condiciones de entrega. Y es que, antes de que se acceda o no a la extradición -decisión que debe adoptar el Gobierno -, debe celebrarse una vista en la Audiencia Nacional a fin de determinar si los requisitos exigidos en el convenio se cumplen, pero sin que en ningún caso se discutan los hechos imputados o la culpabilidad del periodista.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional determine que la petición cursada por Turquía no respeta el tratado, el escritor quedará en libertad. En caso contrario será el Ejecutivo el que decidirá si finalmente se le extradita para ser juzgado en el país, pues la decisión judicial no es vinculante para el Gobierno, que puede denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional.

Según la agencia de noticias turca Dogan , el país emitió la orden internacional de detención bajo la acusación de insultar al presidente Erdogan en un artículo publicado en la revista Odak Dergisi , y por «tener vínculos terroristas» con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C). Fuentes consultadas por Efe niegan lo anterior, e informan de que el periodista es redactor de un mensual que se publica en Estambul, aunque él reside en Suecia y «no ha visitado Turquía desde 1998».