Seis meses del anuncio de ETA del «cese definitivo de la violencia»

Desde entonces han pasado ya seis meses en los que ETA ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas ni ha pedido perdón . Ante esta situación, el Gobierno insiste en exigir su disolución y ofrece a sus presos como única salida la llamada «vía Nanclares» , a la que se han acogido apenas una treintena de los más de 600 reclusos de la organización.

La «vía Nanclares» recibe ese nombre de la prisión alavesa en la que, ya con el Gobierno del PSOE, fueron agrupados los etarras que decidieron desvincularse de la banda , pedir perdón por sus crímenes y comprometerse a pagar la responsabilidad civil a sus víctimas.

Estos son los requisitos que la ley exige para ser clasificado en tercer grado -en el que los presos pueden salir de la cárcel durante el día y tener permisos de fin de semana-, lo que, junto al hecho de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y contar con un pronóstico de reinserción favorable, permite a su vez acceder a la libertad condicional.

Desde la llegada del PP al Gobierno, Interior ha mantenido la apuesta por esta vía y ha concedido el tercer grado penitenciario a solo dos etarras : José Manuel Fernández Pérez el mes de febrero y Joseba Andoni Díaz Urrutia el pasado 6 de abril.

Unos días antes acordaba también el traslado de Sevilla a la cárcel de Basauri (Bizkaia) del recluso Aitzol Gogorza, que padece un grave trastorno mental con tendencias suicidas.

En la estrategia de «premios y castigos» practicada con el colectivo de presos de ETA, Interior también ha «alejado» del País Vasco al etarra Ekaitz Samaniego, enviado desde la cárcel alavesa de Zaballa a la de Topas en Salamanca.

El Gobierno pretende además que las víctimas del terrorismo tengan «voz y voto» en la concesión de cualquier penitenciario .

Para ello estudia incorporar al futuro Estatuto de la Víctima la posibilidad de que las víctimas del terrorismo puedan recurrir la concesión de beneficios o de la libertad condicional a presos etarras.

«Parece una aspiración deseable y oportuna que las víctimas, además de ser oídas, puedan recurrir las decisiones más trascendentes de sus victimarios durante la ejecución de la condena», ha subrayado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Entretanto, la dirección renovada del colectivo de presos de ETA (EPPK), que agrupa a unos 600 reclusos fieles a la banda, ha emplazado al Gobierno al diálogo y a que actúe «con seriedad», respetando los «derechos democráticos básicos» de los reclusos.

Una oferta rechazada de plano por el Ejecutivo, que ha dicho por activa y por pasiva que no hay «nada de lo que hablar» hasta que ETA no se disuelva definitivamente.

El propio ministro del Interior ha insistido en reiteradas ocasiones en que nadie marcará «el ritmo» que se ha fijado el Gobierno en la política penitenciaria, en la que -ha advertido- se aplicará la ley con «todo el rigor», pero también con «toda la generosidad» que permite la legislación.

Junto a esta firmeza del Gobierno, los presos de ETA también ha sufrido un duro golpe tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la aplicación de la «doctrina Parot» , que prolonga la estancia en la cárcel de terroristas con largas condenas al aplicarles los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas, en lugar de por el tiempo máximo de cumplimiento.

No obstante, el TC sí amparó a tres etarras a los que se había aplicado esta doctrina una vez que ya la liquidación de sus condenas era firme, por lo que han quedado en libertad.

No es la única decisión judicial pendiente que afecta a ETA o a su entorno: queda por resolver el recurso de Sortu ante el Constitucional, así como el del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por su condena en el caso Bateragune, sobre el que el Tribunal Supremo se pronunciará en breve.