Diez personas dependientes de Sánchez, Calvo e Iglesias controlarán el funcionamiento de la coalición

El documento firmado por ambas partes plantea la creación de una comisión permanente de seguimiento del acuerdo, que se denominará «Mesa Permanente». Este órgano se encargará de «revisar el funcionamiento de la coalición, coordinar la acción de los socios, unificar criterios y consensuar posiciones políticas», según consta en el docuemnto suscrito por ambas partes.

La composición de esta mesa será la siguiente: dos representantes de la presidencia del Gobierno, dos representantes de la vicepresidencia primera del Gobierno, dos representantes de la vicepresidencia segunda del Gobierno, un representante de la secretaría de Estado de Comunicación, un representante de comunicación de la vicepresidencia segunda del Gobierno y dos representantes más, uno de cada partido, de los grupos parlamentarios.

Serán por tanto diez personas en total las que se encargarán de encajar las posiciones de los socios y reducir las probables tensiones en la política del Ejecutivo. Esta mesa surge con un carácter «dinámico, ágil y operativo», pero no marca una periodicidad específica para sus encuentros, sino que se manifiesta que lo hará cuando acuerden sus miembros.

Este órgano coordinará con la comisión de seguimientos parlamentario «el posicionamiento y la respuesta a eventos políticos y las iniciativas de otros actores políticos», con el objetivo de mantener de «la unidad de acción de la coalición y de los grupos parlamentarios que la sustentan». El objetivo es «coordinar y programar» también las acciones de comunicación relativas a las iniciativas del Gobierno. Esta mesa será de crucial importancia ya que se le otorga también la función de solventar las discrepancias que puedan surgir en el seno de la coalición.

Respecto a la coordinación parlamentaria, el documento firmado por ambas partes insiste en que los grupos parlamentarios prestarán apoyo a la acción de Gobierno «y a cada uno de los minsiterios que la componen». Intentando así que los grupos no se hagan exclusivamente responsables de la actuación de los ministerios que ostente su partido. Esta segunda comisión de seguimiento estará compuesta por cinco miembros de cada grupo parlamentario.

Además, se plantea que ante las iniciativas parlamentarias de otros grupos respecto a acuerdos pactados en el programa de la coalición, el PSOE y Unidas Podemos fijarán una posición conjunta de voto. Si alguna de las partes desea presentar iniciativas que afecten a la acción de Gobierno o a acuerdos explícitos deberá comunicarlo a la otra parte «con antelación suficiente» y se precisará el acuerdo de ambas partes para su presentación.

Además, respecto a cuestiones que no hayan sido pactadas previamente «pero tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal» los socios deberán consultar su posición para que no sean contradictorias entre sí. Y en cualquier caso se comprometen a «coordinar la comunicación de las mismas». Es decir, avisar de eventuales discrepancias. De cara al debate de los Presupuestos Generales del Estado, ambas partes se comprometen a no presentar enmiendas sin el acuerdo previo de ambas partes.

Dentro de esta coordinación parlamentaria, se hace un reconocimiento al mantenimiento de la libertad de voto en aquellos aspectos que no afecten a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno, a la acción de Gobierno o a los Presupuestos.

Además, las dos partes se comprometen a mantener «una estrategia de comunicación coordinada» respecto a las iniciativas y acciones que desarrolle el Gobierno. La Mesa premanente concertará además las líneas generales de la agenda de comunicación de las acciones e iniciativas que se vayan a poner en marcha desde el Ejecutivo.

Los ministerios deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Comunicación, así como a los departamentos de comunicación de PSOE y Unidas Podemos, «los principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar».

Ambas partes intentan blindarse frente a las discrepancias al incluir la siguiente cláusula: «Los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros».

Unidas Podemos se intenta garantizar que se mantenga su peso en el Ejecutivo en caso de eventuales reestructuraciones ya que un punto del acuerdo expresa que «se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno». En caso de que la reestructuración, que solo compete al presidente del Gobierno, suponga una alteración sustancial de lo acordado en este momento «las partes volverán a abordar las cuestiones esenciales que se planteen con dicha reestructuración».

El último punto del compromiso firmado alcanza incluso al punto de pactar la discrepancia. Se plantea que en casos en los que no sea posible superar una discrepancia por lo menos se pactará en la «Mesa Permanente» el alcance y la publicidad que los socios darán a dicha discrepancia.