Diego Torres presenta un informe pericial que niega el desvío de fondos públicos

En un dictamen de 59 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, el jurista Luis Atienza avala la utilización, por parte de Urdangarin y Torres, de una «compleja estructuración societaria » y la utilización de varias empresas para materializar sus proyectos, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y las investigaciones efectuadas durante los últimos años apuntan a que este entramado fue empleado por ambos exsocios para delinquir y apoderarse del dinero público.

En concreto, el Ministerio Público reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y 16 y medio para Torres por poner en marcha una estructura «hueca de contenido real» y urdir «una maraña de facturación ficticia» para desviarse el dinero que obtuvieron de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».