Diecisiete militares de El Salvador vuelven a estar en el punto de mira de la justicia española

Velasco dio traslado a Interpol de las diecisiete órdenes de detención y mandó copia al jefe de la Oficina Central de Interpol en El Salvador y a Policía de ese país para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitaría la extradición.

Entre los militares a los que el juez pide arrestar por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano , cuya extradición fue solicitada por España a EEUU, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio. El resto son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto sierra, Guillermo Alfredio Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.

En agosto de 2011 Velasco pidió la detención de veinte militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó su alcance a la búsqueda y localización , negando la captura y posterior entrega a España.

Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema reconoció «el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley».

Velasco tuvo conocimiento a través de un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de esa resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que «se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional».

Dictaminaba así que el Estado «en cuyo territorio sucedieron los hechos» está obligado «a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extradición emitida por el Estado Español».

De este modo, Velasco, a petición de las acusaciones en esta causa, ha decidido reiterar las órdenes de detención.

La matanza tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría , y a otros cinco sacerdotes: los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López. También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo reconocía la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar la matanza, tras la reforma de la ley de justicia universal.

El Supremo adoptó esta decisión al considerar que el país centroamericano no ha tenido voluntad real de investigar los hechos y, por esa razón, junto a la existencia de víctimas de nacionalidad española, reconoció la competencia de los tribunales españoles en este caso.