Detienen en Palma a la administradora de una comunidad de vecinos que defraudó más de 40.000 euros a quienes la contrataron

La mujer había sido condenada con anterioridad por unos hechos análogos, ocurridos en la localidad mallorquina de Inca. En concreto, tuvo que abonar a sus antiguos administrados de Inca un total de 23.000 euros por un delito de defraudación. La Policía investiga ahora si años atrás la sospechosa pudo haber actuado de igual manera en otras comunidades de vecinos.

La presunta estafadora fue contratada en 2014 como administradora en la mencionada comunidad de propietarios de Son Gotleu, que es una de las barriadas más deprimidas socialmente de la capital balear. Al parecer, ya desde el principio la mujer comenzó con «un estilo de gestión irregular, en el que la retirada de fondos en efectivo de la cuenta comunitaria sin justificación se convirtió en la norma, llegando a retirar en el plazo de menos de cuatro años más de 25.000 euros».

Al comienzo de su gestión, «este tipo de irregularidades eran poco frecuentes», pero «la realización de obras en la comunidad» y el abono por parte de los vecinos de varias «derramas» incrementaron los fondos comunitarios. Ello posibilitó que la administradora «cometiera diversos desfalcos haciendo creer a la comunidad que los pagos estaban al día ». Así, los vecinos creían entonces que la mujer «supuestamente iba abonando en efectivo anticipos de esas obras», cuando en realidad «sólo una pequeña parte del dinero que retiraba de la cuenta comunitaria había sido pagada a la empresa de reformas que ejecutaba tales obras».

Por otra parte, «aprovechando la facultad de firma que tenía en la entidad bancaria», la hoy detenida «realizó transferencias a cuentas a su nombre, que se diluían entre el resto de apuntes de la cuenta, por importes superiores a 11.000 euros» en el citado plazo de cuatro años. En su «huida hacia adelante», llegó a «abonarse honorarios por gestionar reclamaciones a vecinos morosos que no había llegado a realizar», e incluso domicilió en la cuenta comunitaria «el recibo anual de un seguro de salud a su nombre».

Ya en 2018, saltaron todas las alarmas, cuando la junta comunitaria comprobó que «las cuentas eran deficitarias, y se adeudaban diversos recibos a aseguradoras y otras empresas, cuando según el balance presentado por la detenida la comunidad estaba al corriente de pagos y con las cuentas saneadas». Todo ello provocó el cese inmediato de la administradora y una solicitud de rendición de cuentas, «que no llegó a producirse nunca».

Tras una «larga espera», la comunidad afectada interpuso una denuncia ante la Policía Nacional. A partir de ese momento se llevaron a cabo numerosas pesquisas en relación a todas las operaciones denunciadas. Finalmente, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro de Palma llegaron a la conclusión de que la hoy detenida «podría haber cometido no sólo delitos de apropiación indebida, sino también de estafa y administración desleal». El siguiente paso fue proceder ya al arresto de la mujer, como presunta autora de un delito de estafa. Al mismo tiempo, se dio traslado de las citadas actuaciones a la autoridad judicial.