Cursach queda en libertad con cargos tras pagar un millón de euros de fianza

La Audiencia Provincial ha impuesto ahora a Cursach, además de la citada fianza, diversas medidas cautelares. Así, el empresario tendrá que indicar un domicilio en el que poder ser hallado y también deberá comunicar al tribunal un posible cambio en ese sentido. Además, deberá comparecer ante el Juzgado «cuantas veces sea llamado» y «todos los lunes de cada mes». La Sala también ha acordado la retirada del pasaporte a Cursach, así como la prohibición de salir de Mallorca y del resto del territorio español, «salvo previa autorización judicial expresa y previa a la salida».

Cursach ha abandonado el centro penitenciario de Palma poco antes de las nueve y media de la noche, a bordo de un vehículo de lujo de color blanco. Ha optado por salir de la prisión palmesana por una puerta lateral, con lo cual ha conseguido evitar tener que hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación desplazados hasta la zona.

Cabe recordar que el magnate mallorquín se encontraba en prisión provisional desde marzo del pasado año , tras haberlo decretado así el entonces instructor del caso Cursach, Manuel Penalva. En el auto dictado hace trece meses por Penalva, se le atribuían a Cursach un total de hasta 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

Lo que hoy se conoce genéricamente como el caso Cursach es una macrocausa iniciada en 2013 en la que, originariamente, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán sólo investigaban la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Según el juez y el fiscal, formarían también parte de dicha trama el denominado «rey de la noche» isleña, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco con diversas piezas separadas.

Según los investigadores, el empresario mallorquín habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. En estos momentos hay en torno a un centenar de personas investigadas —imputadas— en el caso Cursach , entre ellas antiguos altos mandos policiales. Además, varios testigos protegidos han sido amenazados o agredidos en estos últimos meses, supuestamente a raíz de sus declaraciones en sede judicial.

Cabe recordar que el magistrado que hace cinco años inició la instrucción del caso Cursach, el ya citado Manuel Penalva , fue apartado de este proceso el pasado 7 de marzo a través de un auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra Penalva, al estimar que se produjo «pérdida de apariencia de imparcialidad» por parte del juez. El sustituto de Penalva en la instrucción ha pasado a ser el juez Miquel Florit.

Uno de los dos incidentes de recusación había sido presentado en diciembre por el abogado de otro investigado en la causa, Bartolomé Sbert. El letrado de Sbert había invocado como causas de la recusación « la existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta » del juez Penalva con «cualquiera de las partes» y también «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». En su momento, se sumaron a la recusación solicitada por dicho jurista diversos abogados de otros imputados en la causa.

La Audiencia Provincial señaló en el auto en el que aceptó esa petición de recusación que no había advertido que las decisiones del juez Penalva hubieran venido presididas por «la predisposición anímica» que el recusante le atribuía en su escrito. Aun así, según la Sala «los datos de hecho probados» en el incidente de recusación « permiten afirmar que la apariencia de imparcialidad » del juez Penalva en esta causa «no supera el estándar objetivo». El tribunal se refería a los whatsapps que el magistrado intercambió meses atrás con la testigo protegida número 31, considerada clave en esta causa. En uno de dichos mensajes, el juez habría escrito «¡¡Vamos a acabar con estos hijos de p...!!», en referencia a las personas que supuestamente habrían estado amenazando a dicha testigo.

Por su parte, Cursach compareció el pasado 15 de marzo ante el juez en el marco del primer juicio de los varios a los que deberá enfrentarse en los próximos meses. El empresario llegó aquel día a los Juzgados centrales de la capital balear a bordo de un furgón policial procedente del centro penitenciario palmesano.

Cursach tuvo que explicar al magistrado el motivo por el que guardaba una carabina en su propio domicilio , en concreto debajo de la cama del dormitorio principal, al parecer sin la preceptiva documentación. El arma fue hallada por la Policía Nacional en un registro llevado a cabo a finales de febrero del pasado año.

En esta pieza separada del caso Cursach el fiscal atribuye al empresario un presunto delito de tenencia ilícita de armas y solicita para él una pena de un año y medio de cárcel. Cursach explicó al juez que la carabina pertenecía a un amigo suyo, ya fallecido, y añadió que «jamás» usó dicha arma en los ocho años que habría permanecido debajo de su cama. Por su parte, la inspectora de la Policía Nacional que dirigió el registro domiciliario declaró que Cursach le pidió si le podía ayudar con «el tema del arma», a lo que esta agente respondió que el hallazgo de la carabina era «el menor de sus problemas».