Cuatro candidatos de Askatasuna fueron interventores del ilegal PCTV en 2005

Los elementos contaminantes de Askatasuna son Miren Eguzkiñe Yurrebaso, que integra la lista de Álava; así como de Leire Collazos, Zaloa Goñi Mendizábal y Olatz Gárate, que figuran en la presentada por Vizcaya. Los investigadores ya sospechaban que las candidaturas iban a estar con un nivel bajo de «contaminación» en comparación a D3M y a anteriores marcas electores de Batasuna, ya que era la baza secreta que ETA se guardaba en la cartuchera desde 1998 para utilizarla en una situación en la que la Justicia vigilara con lupa sus intentos de colarse en el Parlamento vasco. No la necesitó en la cita de 2005, ya que entonces pudo meter al partido de las «nekanes», pero sí en la actual coyuntura, cuando el Ejecutivo reitera su intención de no dejar pasar a ETA ni a su sombra, y la banda ha tenido que perfeccionar su aparato de falsificación de candidaturas.

«Blanquear»

Por ese afán de presentar listas lo más «blanqueadas» posible, una de las hipótesis que barajaban las Fuerzas de Seguridad era que Askatasuna podría reclutar candidatos entre apoderados e interventores que representaron en otras elecciones a ANV o al PCTV, como así ha ocurrido. Pero ese tipo de representación electoral también consta en las bases de datos, de tal forma que ahora sirve de prueba de las conexiones entre Askatasuna con ANV, PCTV o el mundo etarra.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya alertó en 2001 que Askatasuna había sido creada por ETA para sustituir a Euskal Herritarrok (EH) en las autonómicas de aquel año, ya que el entonces cabecilla del «aparato político», «Mikel Antza», temía que EH, a su vez heredera de HB, pudiera ser ilegalizada y, por tanto, la «izquierda abertzale» quedaría fuera de la Cámara de Vitoria.

Al final, EH concurrió, pero, para mantener el engaño y no suscitar sospechas; Askatasuna también presentó candidaturas, aunque no celebró un solo acto electoral para no hacer competencia a la baza genuina de ETA. Pero ya entonces se disponía de elementos que probaban la conexión y, también, la precipitación con la que la banda se inventó Askatasuna.

Por una parte, en las autonómicas de 2001 no tuvo tiempo para preparar «listas blancas» y, por ello, presentó muchos candidatos «contaminados», ya que entre ellos figuraban miembros de EH, Gestoras, Jarrai e incluso cuatro etarras de «comandos» y un responsable de Xaki, el «ministerio de asuntos exteriores» de ETA.

Además, los estatutos de Askatasuna son transcripción literal de los que tenía EH. Algunos medios se preguntan ahora, una vez que Askatasuna mostró su intención de concurrir a las próximas autonómicas, por qué cuando se ilegalizó a HB, EH y Batasuna, no se hizo lo mismo con este partido, cuando ya en 2001 la Benemérita lo incluían en la trama electoral de ETA.

La vía judicial

En este contexto, fuentes de la investigación señalaron que a día de hoy hay indicios suficientes para suspender las actividades de D3M y Askatasuna de forma cautelar, una medida que tendría que solicitar la Fiscalía -hasta ahora la única parte personada- al no poder hacerlo de oficio el juez.

Aunque es cierto que si la «Sala del 61» finalmente impugna las listas el efecto en la práctica sería el mismo que en la vía penal (las consecuencias previstas en el artículo 129 del Código Penal), esta última se presenta como la solución más inmediata para atajar cualquier actividad de ambos partidos desde este mismo momento. De esta forma se evitaría, además, la celebración de actos como el que ha convocado en D3M en el Kursaal el próximo sábado para presentar sus candidaturas u otros que pueden tener lugar antes de que el Supremo decida. El procedimiento sería el mismo que se ha seguido recientemente con ANV y antes con Batasuna, cuyos actos suelen ser prohibidos por la Audiencia Nacional cuando acusaciones como Dignidad y Justicia -la que por norma suele pedir la prohibición- así lo solicitan.

Fuentes de la Audiencia Nacional subrayaron que así como el Ministerio Público está dispuesto a intervenir ante el Tribunal Supremo (con la petición de impugnación de listas), hasta ayer no era muy partidario de hacer lo propio ante el juez Garzón, pese a que el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha reconocido que las solicitudes de impugnación se van a basar en informes que tiene el juez.