Cuando Sánchez cargaba contra «esos policias corruptos utilizados para obstaculizar la justicia»

A él se dirigieron para tratar de sonsacarle detalles de un informe reservado encargado por una juez en el marco de una investigación que se sigue contra el delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, en relación con el 8-M. Como reveló ABC, esa instrucción judicial fue catalogada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, como «muy sensible» para el Gobierno. A pesar de que la juez dejó claro -por escrito y en diversas ocasiones- a la Policía judicial que esos informes eran sólo para ella, e l Ejecutivo trató de meter las manos en la investigación, lo que acabó desembocando en la crisis en la Guardia Civil.

En una fallida gestión de la situación, Interior destituyó a Pérez De los Cobos. A raíz de la convulsión generada en la Benemérita porque la cadena de mando era ajena a esta decisión, el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, decide dimitir, adelantando unos días su salida, prevista para el 2 de junio. Por su parte, el teniente general Fernando Santafé, que ya sabía que no iba a ser nombrado DAO, acepta primero un destino en el ministerio y luego la dirección del centro universitario en la Guardia Civil.

Una fuente conocedora de los entresijos de Interior alerta de las intenciones que hay detrás de estas injerencias políticas. «Es un auténtico ataque a la línea de flotación de la independencia de la Guardia Civil, que está garantizada por su carácter militar, esto es, el respeto al escalafón, que ahora han roto». Aunque no es la primera vez que se salta el escalafón, esta fuente advierte de que en el ADN de Podemos está acabar con la naturaleza militar de la Benemérita. Incluso, en parte del PSOE, aunque Alfredo Pérez Rubalcaba «a quien no le entusiasmaba, siempre fue partidario de no tocarla». «Cuando hay nuevo gobierno o ministros, los políticos hacen cambios, pero la Guardia Civil preservaba su independencia porque se ha guardado ese principio rígido de seguir estrictamente el escalafón».

A cambio, Marlaska ha impuesto el mantra de su derecho a los «equipos de confianza», un concepto que -según el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García- convendría definir, a riesgo de que ante la opinión pública se convierta en sinónimo de colocar a «mi amigo, el que obedece, el que si hay una investigación contra ellos, va a darles la información». «No les podemos expulsar mientras haya una sentencia firme, pero les hemos apartado a todos. Vamos a llegar hasta el final». Es una frase más de Pedro Sánchez, pronunciada cuando sacaba réditos de condenar a la «brigada patriótica» de la última época del PP, pero bien encajaría en el contexto actual y en la purga que han ejecutado en el Instituto Armado, pero contra quienes no les han seguido el juego.

Sánchez presume mucho de haber limpiado la Policía Nacional de la mano de su director general, Francisco Pardo, aunque menos de el PSOE fue el responsable de evitar dos veces con sus votos que el comisario José Manuel Villarejo compareciera para dar explicaciones en el Congreso. «La mal llamada policía patriótica se acabó el día que llegamos nosotros al Gobierno» , ha repetido sin fin el presidente del Ejecutivo. En la Benemérita, desde la AUGC, la asociación mayoritaria, su secretario general Juan Fernández, se sincera. «Cuando se hablaba de eso, aquí sacábamos pecho, diciendo «la Guardia Civil es otra cosa»... y al final, de una manera u otra, nos salpican, nos arrastran...»

En opinión de Joan Mesquida, director general del Cuerpo con José Luis Rodríguez Zapatero, la injerencia de Pedro Sánchez en el Instituto Armado no es una pieza aislada. «Es un episodio más del plan del Gobierno para poner todos los poderes del Estado , todas sus herramientas a su servicio: la Fiscalía General del Estado es hoy la Fiscalía General del Gobierno, en la Abogacía General del Estado -que ya es la abogacía del Gobierno- ya se han producido purgas y depuraciones; del Consejo General del Poder Judicial no paran de desacreditar sus acciones... en el Poder Legislativo, Meritxell Batet actúa como ministra del Congreso de los Diputados».

Otra señal fue que el general José Manuel Santiago, voz de la Benemérita en las ruedas de prensa del estado de alarma por el Covid, contara que les habían puesto a rastrear redes para «minimizar críticas» a la gestión del Ejecutivo. «En este gobierno hay personas convencidas de la estrategia chavista de corte comunista el hipercontrol» , advierte Mesquida, cuyo partido fue víctima de una primera operación de cloacas cuando se publicó por todo lo alto un aparente informe policial, sin firma y con un membrete oficial mal copiado, que devaluaba el ataque sufrido por Inés Arrimadas y otros miembros de Ciudadanos en el desfile del Orgullo Gay, en julio de 2019. Quien dirigió la Benemérita, amén de a la Policía Nacional cuando se unificó el mando, zanja con una advertencia: «si creen que con esta estrategia van a conseguir que la Guardia Civil pierda sus principios o docilizarla para que funciones como una policía política, es que no la conocen».