Contradicciones en el Gobierno ante la falta de apoyos para aprobar la reforma laboral en el Congreso

Pero la cuestión es mucho más complicada. Los socios habituales del Ejecutivo están muy contrariados por el alcance de la reforma. ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y Más País han dado muestras de que la norma pactada con los sindicatos y la patronal es insuficiente y quieren que se acuerde tramitar la reforma como proyecto de ley para poder efectuar modificaciones en el texto. En paralelo Ciudadanos no ha cerrado la puerta a convalidar el texto para, precisamente, evitar las modificaciones que esos partidos quieren ejecutar. El PP ha querido cerrar la puerta a esa posibilidad. Aunque en el entorno del partido algunas voces han reclamado poner en valor que la nueva norma mantiene muchas de las cuestiones de la reforma de 2012 .

En estos equilibrios se mueve ahora mismo el Gobierno. Hasta el punto de que se están produciendo mensajes contradictorios entre algunos de sus miembros. En el día de ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descartaba que la norma se pudiera tramitar como proyecto de ley, sin descartar que pudiera haber modificaciones: «No contemplo la posibilidad de que no se convalide el decreto ley, aunque otra cuestión distinta es que se tramite como proyecto de ley, y es ahí donde hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo fruto de un diálogo bastante honesto«.

En este punto la ministra se centró en apelar al líder de la oposición para facilitar la reforma: «Correspondería que el PP respetara un acuerdo del diálogo social, porque es la primera vez en la historia de nuestro país que una reforma laboral, prácticamente en su integridad, es fruto del acuerdo entre sindicatos y empresarios». El Gobierno lanza este mensaje al PP como salvavidas que evite modificar el texto, aunque al hacerlo molesta a sus socios habituales. Estas apelaciones van en la línea contraria de lo que está pidiendo Podemos. Ayer Pablo Iglesias reclamaba a Yolanda Díaz que negocie en privado con ERC y EH Bildu para sacar adelante la reforma, alertando de que la vía del PP puede desgarrar el bloque de investidura .

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuya opinión debe entenderse en estos momentos como la oficial del Gobierno, era mucho más reacio a hacer modificaciones en la norma aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros: «Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios, es lo que hace singular a esta norma. No es un proyecto de ley del Gobierno, es un proyecto de ley que deriva de un acuerdo entre empresarios y sindicatos».

El número dos del Gobierno insistía en una entrevista en Radio Nacional en que «no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley» y que «la convalidación se puede votar a favor del texto y así convalidar la vigencia que la reforma laboral ya tiene en este momento». El mensaje sí coincide en este caso con el lanzado por Díaz el pasado fin de semana en una entrevista en El País que va en la línea de presionar para que la norma se apruebe sin cambios. Bolaños decía que quien vote en contra «tendrá que explicarlo bien a sus votantes» porque estará votando a favor de que «siga el marco laboral del PP».

Pero sí coincidía Bolaños con Montero en no descartar al PP. Y aludía a una presunta división en la formación de Pablo Casado: «Hay otros dirigentes del PP que no entienden la decisión de la dirección del partido», ha dicho. Y es en las apelaciones al PP donde los caminos se separan. Aunque Bolaños también insistía en hablar en primer término con los socios habituales. Pero en el departamento de Yolanda Díaz el foco se quiere poner en estos últimos. El secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey , defendía que «escucharemos a nuestros socios» y «negociaremos todo lo que haga falta». Sí dejaba claro que «la aspiración» es que «el acuerdo se mantenga en el parlamento», pero admitiendo la capacidad de las fuerzas políticas para querer introducir cambios. Pérez Rey se ha comprometido a «escuchar pero sin renunciar a esta aspiración» de que en la norma no se introduzcan cambios.

El punto central mayoritario es que el Gobierno no quiere hacer cambios en el acuerdo, porque eso pondría en peligro el consenso alcanzado con la CEOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió en su comparecencia de balance anual de la pasada semana a que era de «sentido común» que el Congreso de los Diputados aprobase el texto ya que contaba con el aval de patronal y sindicatos. Las discrepancias surgen a la hora de llegar al camino para lograr esa convalidación sin modificaciones. Podemos respalda a Díaz pero no oculta que la norma no es la ideal para sus intereses y pide negociar con el bloque de la investidura como único camino posible. Mientras, Díaz quiere que su reforma sea apoyada preferentemente por esos socios pero desea que la norma no sea modificada y no ha dudado en presionarlos. Y por último el PSOE, que no quiere tocar el acuerdo, pese a los mensajes contradictorios, y que no excluye a la derecha en sus apelaciones.