El Gobierno convierte en delito penado con un año de cárcel la difusión de vídeos íntimos

El texto, que será remitido para el trámite de informe al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, castigará la violencia y la intimidación ejercida sobre las mujeres para obligarlas a contraer matrimonio (delito de matrimonio forzado); también los actos reiterados de acecho u hostgamiento, como llamadas telefónicas contínuas aunque no se produzca violencia; y la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima pero difundidas a sus espaldas. Este último tipo penal no dejará sin sanción casos como el que afectó a la concejal de Los Yébenes (Toledo).

Cualquier acto de carácter sexual con niños menores de 13 años se considerará delito y está previsto un aumento de las penas para la prostitución de menores.

También se considerará delito la negación del genocidio siempre y cuando incite al odio contra las minorías.

Como anunció Gallardón al comienzo de su mandato, se crea en esta reforma la prisión permanente revisable, que supone el cumplimiento efectivo de la privación de libertad durante un periodo de entre 25 y 35 años, según la gravedad del delito. El nuevo texto incluye también la custodia de seguridad, que supone la permanencia en prisión del reo cuando ya haya cumplido su condena y el tribunal aprecie que sigue siendo peligroso para la sociedad.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha puesto en conocimiento del Gobierno un informe con las líneas básicas del nuevo estatuto de la víctima, cuyo objetivo es una protección integral de las personas que hayan sido objeto de un delito. Se pretende reparar el daño no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también social.

La principal novedad es la posibilidad que se ofrece a las víctimas de recurrir resoluciones de sobreseimiento y archivo aunque no estén personadas en la causa.

También podrán conocer información del proceso (fecha y lugar del juicio, notificación de sentencias y resoluciones) siempre que exista una situación de peligro que lo justifique.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial referida a los permisos, licencias y sustituciones de los jueces. En palabras de Gallardón, esta reforma, que ha puesto en pie de guerra a las carreras fiscal y judicial, tiene como objetivo la profesionalización de la Justicia y responde a la necesidad de hacer el ajuste presupuestario que la actual situación económica impone.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha apuntado que también se ha aprobado la reforma de la Ley Órganica del Poder Judicial, que profesionaliza la carrera judicial, y un Estatuto de protección de las víctimas.

Los cuatro nuevos delitos que aparecerán tipificados en el Código Penal para proteger a al mujer son el de acecho u hostigamiento, que podrá ser penado hasta con dos años de prisión, el delito de matrimonio forzado, condenado con hasta tres años de prisión, el delito de divulgación no autorizada de imágenes íntimas, aunque se hayan obtenido con consentimiento de la víctima, y el delito de inutilización de dispositivos electrónicos de medidas cautelares, con hasta doce meses.

Además, el ministro de Justicia ha explicado que el Gobierno ha aprobado un Estatuto de la víctima, que además de ser un compromiso electoral, coloca a España como pionera en la aplicación de la Directiva Europea que se aprobó recientemente relativa a dicho Estatuto.

Gallardón ha explicado que este Estatuo será un catálogo de derechos de la víctima, que estará presente en todo el proceso con unos derechos garantizados. Como aspecto destacable, Se incluye el derecho de la víctima a participar en la ejecución de la pena, aunque «solo puede corresponder al estado» decidir qué pena corresponde al acusado, pero teniendo en cuenta a la víctima, explica el ministro.