Los 5 conflictos resueltos entre Gobierno y Generalitat

La «paz» sellada por Moncloa y la Generalitat en tres asuntos concretos, el Instituto Catalán de Finanzas, la ley de Protección de la Infancia y la ley de Simplificación de la Administración, se consumó esta misma semana, después de la reunión que mantuvieron Mariano Rajoy y Carles Puigdemont el día 20 en Madrid . Estos son los conflictos resueltos entre Gobierno y Generalitat:

La Subcomisión de solución de conflictos Generalitat-Estado ha acordado que el Instituto Catalán de Finanzas, tras los cambios legales introducidos, «no presenta naturaleza de entidad de crédito y, por tanto, no puede ejercer aquellas actividades legalmente reservadas a entidades de crédito». Ambas partes dan por resueltas las discrepancias y concluida la controversia.

La voluntad expresada de avanzar en la agilización de todas las actividades económicas, en la ley de Simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat y de los Gobiernos Locales de Cataluña y de la actividad económica, debe interpretarse «con arreglo al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en la ley de garantía de Unidad de Mercado».

En los acuerdos suscritos por el Gobierno y la Generalitat se subraya el respeto a le ley vigente. «La presentación de declaraciones responsables para las actividades económicas inocuas, las que no producen molestias significativas ni afectación considerable al medio ambiente o seguridad de las personas, se basa en la exigencia del cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente».

En la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ambas partes interpretan que los cambios introducidos en la ley se aplicarán «sin perjuicio de las competencias en este ámbito de las Comunidades Autónomas y de la colaboración con las mismas», de acuerdo en todo caso con la regulación de la acción exterior, que corresponde al Estado.

Sobre la misma ley de Protección de la Infancia, se deja claro que el Gobierno promoverá con las comunidades autónomas criterios comunes y estándares de cobertura en todo el territorio, «en el sentido de que, de acuerdo con el principio de colaboración, las distintas administraciones garantizarán la aplicación del precepto en el marco de sus respectivas competencias».