Cientos de funcionarios de Justicia exigen a Llop en las calles que «dé la cara» y cumpla con la subida salarial

El acuerdo, que afecta a 15.000 personas, contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros del complemento específico del personal dependiente de este departamento, para homologar salarios con las comunidades autónomas.

Desde el sindicato, critican que el Ministerio de Hacienda conocía la existencia de la negociación con Justicia, ya que se ha desarrollado al amparo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Si bien, señalan que, «con este incumplimiento, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Gobierno de España quiebran el principio de buena fe en la negociación establecido en la ley y ponen en peligro el éxito de las reformas pendientes en la Administración de Justicia».

CSIF y el resto de sindicatos con representación en la mesa de negociación, denuncian «la irresponsabilidad de Pilar Llop, que anda desaparecida de los asuntos de este Departamento y de los problemas de la Justicia, y ocupada de su imagen de 'gira estelar' por España, ajena a este conflicto del que ella es la principal responsable».

«Cada día que pasa sin que dé la cara, el descrédito de la ministra Llop aumenta y su credibilidad como responsable política disminuye exponencialmente», subrayan en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, CSIF y el resto de sindicatos tachan de «lamentable» el comportamiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública «que pretende reescribir el acuerdo, imponerlo con un chantaje inaceptable e intentando escurrir el bulto con excusas de mal pagador para intentar justificar lo injustificable: que son incapaces de asumir sus compromisos».

Por todo ello, CSIF y el resto de sindicatos de la Administración de Justicia han declarado «conflicto colectivo» en el sector tras constatar lo que, a su juicio, es una «flagrante violación de derechos fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva»; el «grave incumplimiento de las disposiciones de lo establecido en la ley de presupuestos» y un «desprecio a los empleados públicos de la Justicia y el ataque a su dignidad profesional».

Según subrayan, el Gobierno «vulnera» la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que «obliga a negociar un acuerdo sobre adecuación salarial y aproximación del complemento específico en estos órganos judiciales y CCAA». «No caben excusas, la ley le exige poner el dinero para hacer posible lo que se pacte en la mesa de negociación», enfatizan.

Además, acusan al Gobierno «que tanto presume de ser el gobierno de los trabajadores, el gobierno social que defiende la negociación colectiva» de «burlarse de sus empleados y empleadas públicos saltándose a la torera sus derechos fundamentales».

En este contexto, las cuatro organizaciones sindicales exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos en la mesa de negociación y aseguran que, mientras no lo haga, seguirá el conflicto colectivo y las acciones para exigir el cumplimiento del acuerdo y «la negociación colectiva queda suspendida por falta muy grave de confianza».

«No se puede reconocer como interlocutor a un Gobierno que miente», añaden, al tiempo que recuerdan que el resto de sindicatos de Justicia ya no acudieron a la convocatoria que se les cursó para el día 16 de noviembre

Asimismo, amenazan con «intensificar las medidas de presión concentraciones de trabajadores, paros, etcétera, incluida la huelga para paralizar toda la Administración de Justicia», y dicen que acudirán a los tribunales de Justicia y a instancias europeas con el objetivo de que se restituya el contenido del acuerdo cerrado en la mesa de negociación el pasado 14 de septiembre.