Los cambios 'a la medida' en el código ético de Podemos no obligan a dimitir a Alberto Rodríguez

Belarra se presentó a la IV Asamblea del partido morado de junio con nuevos estatutos donde se justificaba «el acoso judicial» como excepción para no dimitir de un cargo electo o interno. Esta fórmula introducida la aplican hoy a Alberto Rodríguez , condenado por el Tribunal Supremo a un mes y 15 días por agredir a un policía en una manifestación en 2014. Ya no tiene responsabilidades orgánicas, es exsecretario de Organización, pero es diputado de Unidas Podemos.

En la página 7 de su propuesta ética se señala lo siguiente: «Este precepto deberá aplicarse en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».

Los ministros morados, el partido y el propio Rodríguez denuncian una «persecución judicial» en su caso desde hace meses. La secretaria general del partido, a la sazón ministra de Derechos Sociales, ha trasladado este mensaje: «Hoy sufre una terrible criminalización que busca mandarnos un mensaje, no te metas en política».

Cuando su compañero declaró ante el Alto Tribunal, se expresó así: «Espero que la verdad prevalezca sobre las mentiras y los montajes». También el exvicepresidente y exlíder del partido, Pablo Iglesias , se pronunciaba en esos términos: «Esperemos que fracasen quienes pretenden usar, una vez más, el lawfare contra Unidas Podemos».

Un repaso desde el principio. Con el sedimento que deja el primer reglamento de 2014, no recae ninguna responsabilidad sobre Isa Serra , condenada por el TSJ de Madrid por una agresión a la Policía en un desahucio en Lavapiés, ni sobre Rodríguez. Estos delitos no están registrados en sus documentos, que se centra en tipos penales genéricos y abiertos a la interpretación. Una imprecisión con la que siempre jugaron.

Una búsqueda rápida en Google para ver que el punto g) de aquel primer texto decía: «El compromiso de renuncia al cargo público, interno o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos». Desde aquel año, este apartado ha sido sometido a cambios concretos.

En 2018, Podemos eliminó la obligación de dimitir si te imputaban . Esto blindó a Iglesias. A finales del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón , solicitó al Tribunal Supremo que le investigara por tres delitos relacionados con el «caso Dina»: descubrimiento de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con la tarjeta del móvil robada a su exasesora, Dina Bousselham. No obstante, el Tribunal Supremo archivó la causa en mayo.

Así, desde 2018 hasta este verano cuando se aprobó la nueva modificación, el reglamento solo te exigía dimitir si eras «procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que publicará la Comisión de Derechos y Garantías». Ahora, cabe la excepción del «acoso judicial».

Desde Podemos suelen explicar que la modificación se realiza porque algunos de sus dirigentes son acusados y condenados sin pruebas. «Contra Podemos, todo vale». Aquí se manifiesta una doble vara de medir , dado que ellos han pedido dimisiones de otros políticos o personajes públicos sin sentencia firme ni juicio.