Borrell alerta sobre la integridad de España, mientras Batet ofrece diálogo a Torra

En su discurso durante la moción de censura, Sánchez manifestó su voluntad de abrir una vía de diálogo con el nuevo presidente autonómico. El ahora presidente del Gobierno siempre ha defendido su voluntad de reunirse con los líderes catalanes, y así se lo reclamaba a Mariano Rajoy, cuando él era líder de la oposición.

Este intento de normalización podría escenificarse con una reunión entre ambos, que según la voluntad expresada por ambas partes no se desea que se posponga mucho en el tiempo.

La apuesta por proyectar un nuevo talante en lo que respecta a la relación con Cataluña lo representa la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet , que ayer tras recibir la cartera de manos de Soraya Saénz de Santamaría apostó por «escuchar, dialogar y consensuar» para potenciar la convivencia. «La recuperación de la palabra, con Cataluña especialmente, pero con todas la comunidades, es imprescindible», aseguró Batet.

Pero en el Gobierno se insiste en que la columna vertebral de su proyecto seguirá siendo el respeto a la integridad territorial del país. Un discurso que representa el nuevo ministro de Asuntos Exteriores , Josep Borrell, que ayer en su primer discurso, informa Luis Ayllón , situó esta cuestión en primer término: «No les oculto que son tiempos difíciles, España se enfrenta quizá al mayor problema que puede enfrentar un país, el de la integridad territorial, y la Unión Europea a una crisis de confianza».

En esta línea, Elsa Artadi, que ayer se estrenó como portavoz de la Generalitat tras la primera reunión del Consejo Ejecutivo del gobierno catalán, preguntada por la posible reunión entre Torra y Sánchez, indicó que el gobierno catalán es partidario de que el encuentro se celebre «mañana mismo» y lo consideró «importantísimo».

De todas formas, tanto en Junts per Catalunya (JpC) como en ERC vienen advirtiendo de que no piensan renunciar a su proyecto independentista. Ahora, una vez en la Generalitat, tras la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, el gobierno catalán intentarán «reparar» los efectos de este artículo.

Siguiendo esta premisa, Artadi informó de que el gobierno catalán ha dado la orden de personarse ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 y de presentar alegaciones judiciales en defensa de doce leyes autonómicas suspendidas por los tribunales. Esta segunda decisión es una estrategia de defensa judicial y, por lo tanto, no supone, en una primera lectura, un intento de vulnerar el ordenamiento constitucional. Entre estas doce leyes no está, por ejemplo, la de transitoriedad jurídica, una de las llamadas «leyes de desconexión» aprobadas en septiembre y que «permitió» los hechos de octubre.

Entre las normas en cuestión, sí figura la que modifica la ley de presidencia, con la que JpC pretendía investir a distancia de Carles Puigdemont, así como leyes relativas a pisos vacíos, universalización de la asistencia sanitaria, la agencia catalana de protección social, comercio, transporte de viajeros, ciberseguridad, cambio climático, impuestos de la ley de acompañamiento para 2017, código civil y regulación del cannabis.