El bloqueo del CGPJ dificulta una mayoría progresista en el TC

A los cuatro magistrados propuestos por el Congreso cuyo mandato está vencido desde 2019 (entre ellos, el del presidente del TC y el de la vicepresidenta, Encarnación Roca) se suma, en junio de 2022, el fin de mandato de otros cuatro miembros del tribunal que corresponden al tercio que en 2013 fue nombrado a propuesta del Ejecutivo (dos) y del CGPJ (otros dos). Si por entonces el Consejo sigue estando en funciones, sus vocales no podrán proponer a los dos miembros del TC que le corresponden y que estarían llamados a sustituir al conservador Santiago Martínez-Vares y al progresista Juan Antonio Xiol. Los otros dos magistrados salientes, ambos de perfil conservador, son Pedro GonzálezTrevijano y Antonio Narváez, en su caso nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así como el Ejecutivo no tendría mayor problema en proponer a sus dos nuevos candidatos (a los sustitutos de González Trevijano y de Antonio Narváez), el CGPJ no podría hacerlo porque, como recuerdan fuentes jurídicas, tiene vetados los nombramientos a raíz de la modificación de sus atribuciones aprobada el pasado marzo a través de una reforma exprés. Como señaló el propio presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en la apertura del Año Judicial, esta polémica reforma está planteando serios problemas en el Alto Tribunal, donde ya hay una docena de vacantes sobre una plantilla de setenta y nueve magistrados.

La imposibilidad de proceder a estos nombramientos en el hipotético caso de que el actual bloqueo persistiera es especialmente importante para el Gobierno porque en esa renovación se iba a alterar la relación de fuerzas en el seno del TC , de forma que la mayoría conservadora 7-5 que tiene el órgano de garantías en este momento –en la práctica, 7-4 tras la renuncia de Fernando Valdés, hace un año– se invertiría a favor de los progresistas.

Antes de que se frustrara el último intento de renovación conjunta de CGPJ y del tercio ya caducado del TC, PP y PSOE habían pactado la entrada en el Constitucional de cuatro magistrados de los mismos perfiles que los salientes ; es decir dos moderados (en sustitución de González Rivas y Andrés Ollero) y dos progresistas (en lugar de Encarnación Roca y Fernando Valdés). Esta primera renovación no iba a alterar sustancialmente las mayorías. Sí lo iba a hacer en cambio la renovación del próximo junio, cuando el Gobierno tendría que elegir a dos magistrados progresistas y el CGPJ a otros dos, en este caso, y como viene siendo habitual, de sensibilidades conservadora y progresista respectivamente. A partir de ese momento, y sin bloqueo por medio, echaría a andar un nuevo tribunal renovado en dos tercios de su composición, es decir con ocho magistrados nuevos y una mayoría progresista 7-5.

Ese nuevo tribunal sería el encargado de resolver asuntos que ya llevan coleando años, como la ley del aborto o la prisión permanente revisable u otros más recientes como la ley de la eutanasia, la ley de universidades o la propia reforma que recorta las funciones del CGPJ. Pero también tendrá en sus manos decidir sobre la adecuación o no a la Constitución de resoluciones que apruebe el Parlamento de Cataluña o el texto de un hipotético nuevo Estatut.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado (en ambos casos con mayoría de tres quintos); dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución establece que los miembros del órgano de garantías serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Eso significa que el Gobierno no podría designar a sus dos candidatos con independencia de los del Consejo, explican expertos en Derecho Constitucional, pues los cuatro forman parte del mismo tercio a renovar aunque en este caso tengan que concurrir dos voluntades: la del Ejecutivo y la del CGPJ. Los nombramientos de estos cuatro magistrados se han venido plasmando desde los inicios del Consejo en cuatro reales decretos fechados todos el mismo día.

No cabría por tanto, advierten, que esa renovación se llevara a cabo de forma parcial, es decir que solo el Gobierno propusiera a sus dos candidatos dejando los otros dos pendientes , porque eso atentaría contra la propia Constitución que, insisten, prevé la renovación por tercios, y no por cuartos. Lo cierto es que si bien ha habido retrasos en sucesivas renovaciones del TC, nunca hasta ahora se ha encallado la que corresponde a Gobierno y Consejo. También es cierto que es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces está sometido a una limitación de sus atribuciones tan polémica como la actual .De hecho esta reforma está recurrida ante el propio TC.

El hecho de que las renovaciones de dos de los tres tercios del TC vayan a coincidir prácticamente en el tiempo –algo para lo que sería necesario el hoy improbable acuerdo entre PSOE y PP– deja en el aire también el futuro de la presidencia del Tribunal. Hasta ahora, con la renovación del primer tercio –cuyo mandato legal caducó en 2019– se daba por hecho que la plaza que hoy ocupa González Rivas recaería en uno de los magistrados más antiguos del TC , entre los que figuran González Trevijano, Martínez-Vares o Xiol. Sin embargo, a unos meses de que tenga que producirse la segunda renovación todo apunta a que se buscará ya una presidencia más estable con alguno de los magistrados del tercio que ha de salir en 2026.De ellos, el exfiscal general Cándido Conde-Pumpido tiene muchas papeletas.