Blanco y Sebastián desoyen a Zapatero y ven franquismo en el «caso Garzón-Supremo»

Estos fueron algunos de los epítetos dedicados el martes a los jueces de la Sala Segunda del Supremo en un acto organizado por los sindicatos en la Universidad Complutense en defensa de Garzón, y en presencia de representantes del Gobierno, en concreto, el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías.

Es más, desde el poder ejecutivo se insistió ayer en salir no sólo en defensa de Garzón sino, incluso, en asumir las tesis del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Este fue el caso del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que dijo que «Franco murió, pero aún hay restos de franquismo» en nuestro país.

También el titular de Fomento, José Blanco, vino a adherirse a lo dicho en la Complutense cuando afirmó que le costaba «mucho entender y comprender que los falangistas sienten en el banquillo a aquel que ha tratado de recuperar la memoria de los que sufrieron la dictadura», en referencia a Falange y Manos Limpias.

De este modo desoían la indicación de su jefe de filas, José Luis Rodríguez Zapatero, que el martes desde Washington pidió que las críticas a la acción del TS vayan «acompañadas de respeto».

Mariano Rajoy no dudó en calificar el «espectáculo» de «claramente antidemocrático», al tiempo que subrayó que el secretario de Estado «no debería seguir un minuto más» en su cargo. La misma petición ha hecho el PP extensiva al presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro, que también asistió al controvertido acto.

Igualdad ante la Ley

Rajoy, que hizo estas declaraciones durante una visita a uno de los centros de Proyecto Hombre, de tratamiento de toxicómanos, próximo a Guadalajara, señaló que «todas las personas, todas, desde la más importante en la sociedad hasta la más humilde, son iguales ante la ley, se llamen Garzón, Pérez o Fernández», proclamó el líder del PP. Y agregó: «Siempre creo que los jueces son los que tienen la última palabra porque así lo dice la Constitución, la ley. Y ahí está uno de los aspectos básicos de la democracia: un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y hay que respetar las decisiones de los jueces, pero los jueces, como todos los demás, están sometidos al imperio de la ley».

Por contra, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo pareció estar ayer en el bando de los cautos porque invitó a esperar a ver lo que diga el TS e hizo un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad. Otro ex ministro, éste de Justicia e Interior y alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch, fue, el que más claramente puso el contrapunto al salir en defensa de Luciano Varela y de la Sala Segunda del TS. Varela «es absolutamente escrupuloso, profesional al cien por cien y querido y admirado por prácticamente toda la profesión». Además, los magistrados del Supremo «son personas con un pasado democrático impecable. Por tanto, tratar de aplicar al presente el pasado, me parece una injusticia impropia de un ex fiscal».

Las palabras de Belloch coinciden así con las de la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, convencida de que los ataques «exceden el derecho de libertad de expresión», que es el argumento en el que se ampararon ayer, entre otros, Blanco o Sebastián. Bravo entiende que lo dicho en la Complutense constituyó un «ataque y descalificación» al TS.

La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales también protestó por las palabras de Jiménez Villarejo, que calificó de «menosprecio y descalificación gratuita a los magistrados del Supremo, constituyendo un verdadero insulto a la inteligencia de la democracia y del estado de derecho».

Rechazo de Derecho

Pero si las cosas no pintan bien en el mundo político y judicial tampoco en el universitario ha pasado inadvertido que el rector de la Computense, Carlos Berzosa, cediera el salón de actos de la Facultad de Medicina para un acto de esta naturaleza. Y es que en la Facultad de Derecho se han sentido bastante aludidos por el ataque indiscriminado que se hizo contra la Justicia. En una nota hecha pública ayer, el decano Raúl Canosa Usera, afirmaba, tras defender la cualificación técnico-jurídico de los miembros del Supremo, que «lamentamos que la Universidad, que ha de ser foro para la expresión plural y respetuosa de cualquier idea u opinión, haya sido utilizada para atacar a tan alta institución con unas manifestaciones que rechazamos».

Y para que no falte de nada, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se personará en la querella por «genocidio franquista» que ayer presentó ante la Corte Suprema de Argentina Darío Rivas, residente en Buenos Aires e hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo), supuestamente asesinado en el año 1936, informa Ep.