Batet se niega a reclamar a Sánchez el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos

La mayoría de PSOE y Unidas Podemos ha tumbado la petición de la portavoz del PP, Cuca Gamarra , que reclamaba que el Congreso reaccionara y no permaneciera pasivo ante la vulneración cometida por el Ejecutivo. Los dos socios de coalición han defendido que el grupo parlamentario que lo desee puede reclamar el informe al Gobierno de motu proprio y se ha limitado a calificar las solicitudes registradas en este sentido por Ciudadanos, PP, Vox y Más País la semana pasada.

 En este sentido, PSOE y Podemos se aferraron a la argumentación del Ejecutivo de que el Reglamento del Congreso no exige que un decreto-ley tenga que llegar a la Cámara Baja acompañado de todos los informes que se recabaron para su aprobación, e ignoran la vulneración de la Ley de Transparencia y de la Ley del Consejo de Estado.

El Ejecutivo , de momento, no aclara si hará o no público el informe. Fuentes de La Moncloa se limitan a señalar que las peticiones cursadas por Ciudadanos , PP, Vox y Más País «se están tramitando» y no adelanta cuál será el resultado.

Sin embargo, tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional son muy claras. El artículo 109 de la Carta Magna recoge que las Cortes podrán recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas » y el 23 establece el derecho fundamental de los ciudadanos «a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes».

Por su parte, el Reglamento del Congreso señala que los diputados podrán requerir documentación a las Administraciones Públicas «para el mejor cumplimiento de sus funciones« y que estas están obligadas a entregarla.

Por último, el Tribunal Constitucional ha concluido en varias sentencias que la quiebra de la legalidad parlamentaria »conlleva una consecuente vulneración del derecho fundamental a la participación política que reconoce la Constitución ».

El Gobierno dispone de «un plazo no superior a treinta días» para entregar el informe del Consejo de Estado a PP, Vox y Ciudadanos o «trasladar las razones fundadas en derecho que lo impidan», según el Reglamento del Congreso .

No caben prórrogas y para no entregar la documentación el Ejecutivo debe usar argumentos que emerjan «de disposiciones de rango legal al tratarse de un derecho fundamental». La primera petición que tendrá que resolver La Moncloa será la de Ciudadanos ya que Edmundo Bal cursó la solicitud este lunes, antes de que el presidente del PP, Pablo Casado , denunciara la ocultación del informe ante el pleno del Congreso. Los populares reclamaron el informe y, a continuación, lo hizo Vox .

Los populares también destacan que la Ley del Gobierno establece que la iniciativa legislativa se desarrollará conforme a los principios recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común , entre ellos, el de transparencia. «Las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración», reza la Ley de Transparencia .

Asimismo, en una misiva enviada el pasado viernes a Batet , Gamarra , recordó que el decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por lo que «resulta todavía más necesario e imprescindible» cumplir la exigencia de la Constitución para estas iniciativas. En concreto que se acompañen «de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos».