Batet abroncó a PP y Vox en privado por pedir la inhabilitación del diputado Rodríguez

En su intervención, la presidenta de la Cámara utilizó el argumento intachable de que las sentencias judiciales deben cumplirse «sin que haya margen alguno para el debate, siguiendo criterios técnicos-jurídicos», pero para hacer justo lo contrario: una interpretación de la sentencia del Supremo según la cual la pena de inhabilitación desaparecía por arte de magia con el pago de la multa previsto para evitar la cárcel.

La sentencia del Tribunal Supremo establecía específicamente lo contrario, pero Batet se aferraba a la interpretación realizada por el secretario general del Congreso de los Diputados , Carlos Gutiérrez Vicén , en su primer informe sobre este caso. Ese polémico documento, sin firma ni membrete alguno, concluía que la condena impuesta al diputado Rodríguez no conllevaba «consecuencias extrapenales» para el activista porque no concurría la causa de incompatibilidad sobrevenida al haber pagado de forma íntegra la multa que le libraba de la cárcel.

«No concibo otra cosa que no sea adherirse a lo señalado por la Secretaría General», reclamó Batet, considerando improcedente pedir al Tribunal Supremo que aclarara la sentencia, pese a que Partido Popular y Vox advertían una y otra vez de que la condena implicaba claramente inhabilitación. Ana Pastor recordaba que el Reglamento del Congreso establece que un diputado debe perder su escaño por decisión judicial firme que anule su elección. Pero también que la Ley Electoral señala como inelegibles a aquellos condenados a pena privativa de libertad durante el tiempo que dure ésta y que las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad.

La expresidenta del Congreso insistía así en que existía una causa sobrevenida de inelegibilidad que conllevaba el cese de Rodríguez y que la sentencia recogía «claramente» que la sustitución de la prisión por el pago de la multa no afectaba a la inhabilitación. Advirtió, además, de que si PSOE y Podemos seguían con su plan de mantener al exnúmero tres de Podemos como diputado, reclamaría la actuación de la Junta Electoral Central (JEC) para que ejecutara la sentencia como en precedentes anteriores.

Gil Lázaro, por su parte, insistió en que no existía duda jurídica alguna respecto a que la condena del diputado canario conllevaba la pérdida del escaño por inelegibilidad sobrevenida. Y advirtió de que su grupo ya había solicitado la intervención de la Junta Electoral Central y de que la no ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo desataría un «grave conflicto institucional», además de suponer un posible delito de prevaricación .

Batet, molesta, acusó a PP y Vox de intentar que la Mesa del Congreso hiciera «dejación de funciones». Para sostener esta idea realizó un alegato respecto a que una intervención de la Junta Electoral Central suponía reconocer a este órgano «una función que no le es propia» ni «le corresponde» y que la Mesa del Congreso debía preservar «sus competencias frente a otros órganos del Estado» y asumir «su responsabilidad». Batet contravenía así el protocolo aplicado por la Cámara en precedentes existentes, como el de Francesc Homs , cuando remitió la condena de inhabilitación a la Junta Electoral Central para su ejecución. Pero aquel martes todo su afán era cumplir el pacto alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para mantener a Rodríguez en su escaño. Por ello, Batet continuó aferrándose a la «claridad» del informe de Gutiérrez Vicén y reivindicando la decisión sobre el futuro de Rodríguez como potestad de la Mesa como órgano y no de ella como presidenta. Una posición que tanto Rodríguez como Podemos terminaron utilizando en su contra.

Y es que tan solo 48 horas después de aquel martes, la socialista catalana cambió su discurso de principio a fin. El Tribunal Supremo le envió un oficio el miércoles preguntándole cuándo comenzaba el cómputo para la ejecución de la condena de Rodríguez y el jueves, en el mismo escenario y ante las mismas personas, Batet se desdijo de todo lo que había dicho hasta el momento. Como ya informó ABC, la dirigente socialista confesó que «desde el primer momento» tuvo la «conciencia» de que la condena de inhabilitación impuesta a Rodríguez subsistía porque la sentencia así lo especificaba. Además, aseguró que nunca compartió el informe de Gutiérrez Vicén y que solo lo defendió con ahínco el martes porque le pareció «lo más correcto».

En esta enmienda completa a sí misma, Batet continuó admitiendo que era plenamente consciente de que el Alto Tribunal le pedía que privara al diputado morado de su escaño, pero que aun así le parecía procedente pedirle ahora que le aclarara la sentencia. Todo por mantener a Rodríguez unos días más en su escaño.

Las incoherencias de Batet quedaron en evidencia al día siguiente, el viernes, cuando el Supremo le contestó que entre sus funciones no estaba la de asesorarle y que no cabía ninguna aclaración de su sentencia porque era perfectamente entendible. A la presidenta del Congreso no le quedo más remedio que quitarle el escaño al ex número tres de Podemos, en una decisión individual que ya no quiso someter a votación en la Mesa de la Cámara.

Sus incoherencias y bailes de argumentos impiden saber cuándo defendió su propio criterio: el martes cuando peleó por mantener a Rodríguez en su escaño o el jueves cuando aseguró que siempre supo que debía quitárselo. El exdiputado canario está pendiente ahora de un recurso ante la Junta Electoral Central.