La Audiencia Nacional niega una «persecución política» a los miembros del Govern investigados

En el auto en el que rechaza este recurso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional destaca que a ninguno de ellos se les persigue «ni por sus ideas ni por defender la independencia de Cataluña sino por tratar de cambiar totalmente, al margen de las vías legales, la forma de Gobierno».

Añade que, precisamente «para obtener su propósito», se aprovecharon de su condición de consejeros para promover y utilizar «la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas» a los que «llamaron a la insurrección».

Para ello, recuerda la magistrada, todos ellos «participaron decisivamente en los actos que desembocaron en la celebración de un referéndum independentista para lograr en España la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su constitución en república independiente».

Además de poner en duda la imparcialidad política de esta causa, la defensa de Comín y Serret, ejercida por el abogado Gonzalo Boyé , criticó en su recurso que la juez hubiera añadido «delitos nuevos», como el de desobediencia y prevaricación, para pedir la detención y entrega de sus patrocinados a Bélgica.

A este respecto, Lamela aclara que la Fiscalía, al interponer la querella contra los responsables del Gobierno catalán, calificó los hechos de rebelión, que absorbería los de sedición, desobediencia y prevaricación.

«Y no son otros delitos los que se recogen en la resolución recurrida y en la OEDE (orden europea de detención y entrega) librada a la las autoridades belgas», subraya el auto.

La juez observa además que el letrado no puede representar como abogado a estos dos huidos porque no le han designado expresamente en este procedimiento y, por tanto, no consta que ejerza su defensa.

Por el contrario, indica el auto, «han optado por sustraerse a la acción de la Justicia y no ponerse a disposición de este juzgado», que le citó el pasado 2 de noviembre junto al también huido Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras , que ingresó en prisión incondicional junto a otros siete exconsellers.

En relación a la alegada falta de motivación en el auto en el que libró las cinco OEDEs, Lamela indica que el hecho de que la defensa no esté conforme con la decisión adoptada «no significa que la resolución carezca de motivación».

En su recurso, el abogado alegó que las órdenes de detención contra Comín y Serret eran fruto de una «persecución política» por «los votos y opiniones» que emitieron como miembros del Parlament catalán y del Govern, por lo que entendía que se había vulnerado su inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria recogida en el Estatuto catalán.

Sin embargo, la juez discrepa «frontalmente» con que los hechos que se les imputan deban quedar amparados por la inviolabilidad parlamentaria.

En cuanto a las dudas sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el delito de rebelión, Lamela recuerda al abogado que esa cuestión debe plantearla en un recurso contra el auto de admisión de la querella y no contra esta resolución.

No obstante recuerda que la Sala de lo Penal de este tribunal ya ha avalado por mayoría la competencia de la Audiencia Nacional para investigar por rebelión al Govern cesado.