Las asociaciones de periodistas respaldan a los redactores de ABC a los que se pide cárcel

Consideran que los periodistas tienen «la obligación profesional y moral» de publicar cualquier «información veraz y de interés general» y deben garantizar «la confidencialidad de las fuentes»

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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo público ayer un comunicado en el que ampara y respalda a los dos periodistas de ABC para los que la Fiscalía pide dos años y medio de prisión por revelación de secretos, y rechazó «rotundamente», al igual que la federación de periodistas FAPE, que cometieran dicho delito. Los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, con largos años de experiencia en este tipo de informaciones, son acusados por publicar el contenido de una escucha telefónica a dos investigados de la mafia italiana que hablaban sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas en una noticia del 11 de julio de 2014, titulada «Bárcenas a un capo de la Camorra: política y mafia son lo mismo».

En un comunicado, la APM consideró que los profesionales publicaron la información «de acuerdo con la doctrina» marcada por el Tribunal Constitucional «en los casos de conflicto entre el derecho de información y de libertad de expresión y las investigaciones judiciales». Defendió asimismo que los periodistas tienen «la obligación profesional y moral» de publicar cualquier «información veraz y de interés general» y debe garantizar «la confidencialidad de las fuentes».

La asociación destacó que quien incurre en delito no es el que difunde la noticia, sino quien «se las dé incumpliendo su deber de sigilo». «Tanto si el secreto tiene por objeto hacer posible la investigación y el acopio de pruebas, como si se justifica por la protección de la presunción de inocencia de los encausados, lo reprobable no es que los periodistas difundan las noticias que reciben al respecto, sino que, en su caso, alguien se las dé incumpliendo el deber de sigilo», señala el comunicado.

Y recordó que el Tribunal Constitucional «no prohíbe la publicación de noticias relacionadas con las investigaciones judiciales siempre que, como es el caso, el periodista las haya obtenido en fuentes ajenas al proceso».

El periodista puede y debe dar a conocer cualquier información que sea veraz y de interés general, al mismo tiempo que tiene el deber de garantizar la confidencialidad de las fuentes de información. «La responsabilidad penal recae en todo caso en el que rompe el secreto sumarial y facilita a los periodistas la información», destaca la APM.

A su vez, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, subrayó que el interés informativo primaba en este caso y, además, los periodistas informaron con «veracidad». «Por supuesto que respaldamos su actuación profesional», que fue «correcta», dijo en declaraciones a EFE. Argumentó asimismo que no rompieron ningún secreto, sino que se limitaron a divulgar la información con un grado de veracidad fuera de toda cuestión.

Las reacciones de las asociaciones profesionales de periodistas hicieron el mejor resumen de los innumerables mensajes de apoyo llegados desde todos los medios de comunicación, que de forma unánime y generosa alertaron de que la petición de cárcel para nuestros redactores es, en realidad, una amenaza contra el derecho a la información consagrado por nuestra Constitución.

La noticia de que un fiscal de Madrid solicita dos años y medio de cárcel para los periodistas de ABC tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, donde infinidad de compañeros mostraron su solidaridad con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Esos apoyos llegaron desde todos los medios de comunicación independientemente de las líneas editoriales de cada uno de ellos

Pero ese movimiento de solidaridad llegó también desde otros ámbitos. Especialmente significativo es el del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, que no dudó en posicionarse a favor de los profesionales de ABC.