AVT, de arrancar a las víctimas del olvido a luchar para que no les callen

En esa España de hace 40 años, las víctimas eran invisibles y estaban solas. Las iglesias se negaban a celebrar entierros y funerales de los asesinados, no solo las del País Vasco.

« Las víctimas tenían que ganarlo todo . Partían de una situación en la que no existían ni legalmente ni administrativamente ni socialmente», describe la profesora de la Universidad de Navarra y experta en terrorismo María Jiménez, biógrafa también de la ya fallecida Ana María Vidal-Abarca, cuyo marido había sido cosido a tiros por los etarras en enero de 1980 e impulsó la fundación de la entonces «Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo» junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O'Shea.

Tres mujeres. La AVT que hoy suma casi 4.800 afiliados y ha sido agente clave de la condena moral de esos crímenes brutales y voz de quienes defienden la democracia, fue creada por tres mujeres con el fin de «apoyar a otras que ellas intuyeron que estaban en una posición económica, cultural, social mucho más deteriorada que la suya». Las viudas y sus vidas rotas.

No se trataba de caridad, sino de justicia. «Ese fue el propósito inicial –ubica María Jiménez–, decidieron que no podría ser que una mujer, que en esa época mayoritariamente no tenían formación, no trabajaban, se quedase desamparada a causa del terrorismo... que la muerte de sus maridos se considerara un accidente laboral y en los pueblos a los que se habían tenido que volver las señalaran, porque entonces ser víctima de los terroristas era estigmatizante, dentro del País Vasco y fuera... fuera era incomprensible».

La puesta en rodaje de la maquinaria asistencial más básica tuvo que arrancar desde más atrás de lo nunca imaginado. Las fundadoras, entonces ya presidentas las tres, acudieron al Ministerio del Interior a pedir un listado de víctimas. Pero no había. Nada.

Un anuncio el 25 de abril de 1981 en este diario, pagado por ellas, invitaba a «todas las viudas, huérfanos y demás allegados de asesinados en acciones terroristas» a escribir a un apartado de Correos en Madrid. «Queremos unirnos, conocernos, ayudar a compartir nuestros problemas y llevar a la conciencia de la sociedad española el testimonio de nuestro sacrificio», precisaban.

A efectos prácticos, esa labor benéfica se activó en dos vías: la atención económica directa, nutrida trabajosamente a partir de donaciones particulares, y la pelea por unas pensiones más altas para las víctimas, muchas con hijos muy pequeños. «Fueron por delante de los diferentes gobiernos, se enfrentaron a la escasez de medios», resume la profesora de la Universidad de Navarra, que señala que «todo cambió» cuando en 1991 la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, negó a la AVT una subvención de 40 millones de pesetas por considerar que sus fines no eran de «interés general» y ABC abrió una suscripción pública que recaudó 500 millones que fueron entregados a esta organización. «Hasta entonces todo había sido frustración, soledad y tesón», pero gracias a ese vuelco se logró dinero para abordar una aspiración clave: tener abogados para personarse en los juicios contra los terroristas. Se emprendía la lucha en lo judicial, que era tanto como la lucha contra la impunidad tan presente en el ideario de Vidal-Abarca.

Enumerar las victorias, particularmente las calladas, las de letra pequeña, que la AVT ha alcanzado en estas cuatro décadas frente a la indiferencia y la imposición del totalitarismo sería oceánico. Las conquistas en el reconocimiento y dignificación de los que han sufrido el terrorismo se condensan en lo político en dos leyes, la de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999 y la de Víctimas del Terrorismo de 2011. En lo social, la concienciación ha cristalizado una y otra vez en multitudinarias manifestaciones de solidaridad. La que en 1997 salió a la calle tras el crimen del concejal del PP Miguel Ángel Blanco está en la retina de todos.

Lejos de declararse cumplida, la misión de la AVT ha mutado, desgraciadamente no en búsqueda de objetivos más asequibles de los que inspiraron su creación. Paradójicamente, en pleno 2021, la misma asociación que nació para hacer visibles a las víctimas batalla todos los días por impedir el proceso inverso: «que volvamos a ser invisibles otra vez». Lo dice la actual presidenta de la organización, Maite Araluce. «Somos incómodos, se nos quiere callar y ocultar porque si desaparecemos, la reivindicación de Memoria, Dignidad y Justicia piensan que no tendrán que satisfacerla: la Justicia pasaría a ser del pasado, la Memoria a ser venganza, la Verdad, olvido y la Dignidad pasaría a ser humillación».

Combate hoy la AVT el blanqueo de los terroristas, la normalización de sus herederos de Bildu, que se traduce en homenajes a los pistoleros que nadie frena, en acercamientos semanales de presos. Se anuncian todos los «viernes de dolores», lamenta Araluce, y especialmente que se esté trasladando a etarras condenados por matar. Esa «línea roja» que prometió no traspasar Pedro Sánchez, el mismo que llama a los etarras encarcelados «presos vascos». Planea el temor a una amnistía. «No los quieren cerca, los quieren libres», avisa la presidenta.

Por encima, hay algo que permanece: la «función asistencial del día a día a las víctimas como prioridad», financiada gracias a subvenciones institucionales y a aportaciones privadas. Profundiza en la atención psicológica o legal, pero también aparece 40 años después asombrosamente conectada al origen de la asociación. Más en tiempos de pandemia. «Estamos dando vales del supermercado a víctimas» , informa Maite Araluce. Imprescindibles como desde 1981.