Anticorrupción practica ya diligencias para esclarecer la compra de mascarillas

La clave es esclarecer si hubo algún tipo de ilicitud en la adjudicación, para lo que Madrid ya ha aportado el expediente de la adjudicación, que fue concedida por un organismo dependiente de la Consejería de Sanidad . A partir de ahí, examinar si en el resto de hechos denunciados hay indicios de delito. Lo que apuntan los grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos tiene que ver con una supuesta comisión que habría recibido el hermano de la presidenta por intermediar en aquel contrato, en línea con lo que señaló en público el aún presidente del PP, Pablo Casado.

En este asunto, el terreno está embarrado. Génova cifró en 286.000 euros la supuesta comisión exponiéndose el propio Casado a una denuncia por revelación de secretos al afirmar en una entrevista en Cope que había manejado «datos fiscales y bancarios», es decir, reservados, de un tercero. Apuntaba por un lado, a una cuestión moral, llevarse un pellizco por las mascarillas en abril de 2020, cuando «morían 700 personas al día» pero insinuaba irregularidades más allá.

Ayuso, por su parte, concretó que su hermano mantenía «relaciones comerciales» con la empresa adjudicataria . Que aquel año le giró cuatro facturas y que solo una de ellas, la primera, tenía que ver con el contrato de las mascarillas. Eran 55.850 euros y por una intermediación con China , que no con la Comunidad de Madrid, lo que habría sido bien distinto. No mostró esa ni las otras tres facturas y tampoco reveló el importe total por corresponder a la esfera privada de su hermano.

Esta semana y por primera vez, desde la Puerta del Sol se señalaba que la cifra de Casado -dijo «286.00o euros»- no era del todo incorrecta. La información, adelantada por 'Ya es mediodía' y confirmada por ABC, indica que las otras tres facturas de aquel año sumaban 227.150 euros . Añadiendo la que sí tenía que ver con el contrato, Tomás Díaz Ayuso habría facturado a Priviet, la adjudicataria, 282.730 euros en total. Eso sí: el Gobierno regional insiste en que, tal y como dijo la propia Ayuso al inicio, solo los 55.850 tenían alguna relación con este asunto .

No es, en todo caso, que la Comunidad, como institución, reconozca cifra alguna, porque no es su papel entrar en lo que factura un empresario. Pero sí una aclaración relevante por coincidente con la cifra que manejaba Génova y que en 24 horas resonaba como un embuste en una guerra interna.

El dato, y mientras Anticorrupción no concluya lo contrario -desviaciones, servicios inexistentes, fraccionamiento o alguna ilicitud-, apunta dos cosas. Por un lado, que existía una relación mercantil continuada entre la empresa del hermano de Ayuso y la adjudicataria, como ella señaló. Por otro, que la información que tenía Casado podía ser fiable e incluso, restringida.

Sobre el primer asunto, toca al fiscal esclarecer hacer comprobaciones sobre esas facturas. Sobrevuela en las denuncias el tráfico de influencias, un ilícito difícil de acreditar, como ya informó este diario, sobre todo cuando el contrato no lo aprobó el Consejo de Gobierno que preside Ayuso.

Pero, como decía el decreto del fiscal jefe Alejandro Luzón que abría la investigación, son varias las «hipótesis» y las diligencias, sin pretender una auditoría de los contratos de la Comunidad de Madrid en 2020, lo son para esclarecer los hechos.

No es la primera vez que esta Fiscalía investiga asuntos relacionados con el gobierno regional y la pandemia, pues ya se abrieron diligencias penales sobre la cadena hotelera en cuyas instalaciones se alojó la presidenta Díaz Ayuso para guardar una cuarentena, tras una denuncia del PSOE. Fueron archivadas al no apreciar indicios de delito. Tampoco son las únicas sobre compras de material sanitario, pues se han incoado investigaciones para esclarecer contratos también de otras comunidades.

Por otra parte, en cuanto a la cifra que manejaba Génova, un abogado presentó una denuncia por revelación de secretos contra Pablo Casado y Teodoro García Egea la semana pasada que ha recaído en un juzgado de Instrucción madrileño, donde aún no se ha dirimido si se admite o se denosta.

Habida cuenta de que la revelación de secretos según el Código Penal es un delito semiprivado que requiere de denuncia del perjudicado -salvo que afecte a una pluralidad de intereses o a un menor de edad- difícilmente prosperará cuando quien lo traslada a un juez no tiene nada que ver con el asunto. Cosa distinta sería si el propio Tomás Díaz Ayuso o incluso la Agencia Tributaria fuesen quienes hubieran reclamado esa investigación y de momento, no ha ocurrido.