Andalucía culpa al Gobierno de descontrol en los test de Covid a los inmigrantes

Jalloul se refiere a un protocolo que se comunicó a las comunidades autónomas que, como Andalucía, Murcia y Canarias, son receptoras de inmigración irregular y en el que se imponían medidas como la realización de pruebas PCR a todos las personas que llegasen a España en patera. Sin esa PCR negativa, los servicios de asistencia a los migrantes que dependen del Gobierno se niegan a aceptar a estas personas dentro del Sistema Nacional de Acogida, dependiente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que dirige José Luis Escrivá.

Dicho documento, sin embargo, fue una «imposición» que no se negoció en ningún momento, señalaron desde la Junta de Andalucía. En ello, como ya informó este diario, también coinciden Canarias y Murcia, que fue la primera en rebelarse contra esta decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez que declaraba que la práctica de los test de Covid a los inmigrantes y, en su caso, su confinamiento, eran materia sanitaria -y por tanto responsabilidad de las autonomías- y no política migratoria, lo que hubiera dejado la tarea en manos del Estado. La Constitución dispone en su artículo 149.1 que la inmigración es una competencia exclusiva de la Administración central.

Andalucía recordó ayer que la prueba de que este protocolo es ajeno a ningún acuerdo o negociación con las comunidades es que solo cuenta con la firma y visto bueno de la propia secretaria de Estado, no del Ejecutivo andaluz. Tampoco de ningún otro autonómico. El Gobierno de Juanma Moreno, defiende, nunca sancionó dicho documento que, además, «no tiene rango legal y es solo una recomendación», añaden.

Aun así, desde la Junta de Andalucía desmintieron ayer al Ejecutivo y aseguraron que, aún no reconociendo la validez de ese protocolo al que se aferra Jalloul, cumple con su normativa. Así, en la Comunidad, subrayaron, «se hace prueba PCR a todos los inmigrantes con síntomas de coronavirus y también a quienes les acompañan en el viaje en patera, por ser considerados contactos de riesgo». Es preciso resaltar que ninguna autonomía se opone a hacerse cargo de quienes son detectados como positivos sintomáticos de Covid-19, una atención sanitaria que reconocen como la «única» competencia propia en todo este asunto.

Respecto a los que no presentan síntomas, añaden desde la Junta que se les hace un test rápido. Sin embargo, en el protocolo que quiere imponer Jalloul se exige solo pruebas PCR, que creen más efectivas, por lo que es aquí donde reside el punto de fricción entre ambas administraciones. Frente a ello, Andalucía señala que el propio Ministerio de Sanidad establece en su normativa que no hay que hacer pruebas PCR aleatorias, sino solo cuando hay síntomas. «El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está contraviniendo las normas que dictan los expertos en salud pública del mismo Gobierno», indicaron desde la Junta de Andalucía. Es el Gobierno de Sánchez contra el Gobierno de Sánchez, señalan. Además, agregan las mismas fuentes, hacer una PCR a cada uno de los inmigrantes, tengan o no síntomas, supondría «un agravio» para los demás ciudadanos, a los que no se les hace esta prueba si no hay razón médica para ello.

Mucho antes de la creación del documento al que hace referencia la secretaria de Estado, Andalucía ya había creado un protocolo de actuación «ante posibles casos importados de coronavirus en el contexto de la inmigración irregular». Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 4 de julio -el documento del Gobierno central no llegó hasta el 25-, recogía las líneas de actuación y las diferentes casuísticas que se podían presentar en este contexto y cómo se debía actuar.

Para entender esta polémica, hay que comprender cómo funciona el fragmentado puzle que regula en España las competencias en materia de Inmigración. Las Comunidades Autónomas tienen solo la obligación de gestión de los menores -conocidos como menas como siglas de la la denominación «menores extranjeros no acompañados»- y de los inmigrantes enfermos. Los demás adultos sin síntomas, es decir, presumiblemente sanos, serían competencia exclusiva del Gobierno central de acuerdo con la Carta Magna, como ya se ha mencionado.

Durante los dos primeros meses de vigencia del estado de alarma, la llegada de pateras a las costas españolas fue muy reducida y a bordo de ellas no se detectaron positivos por coronavirus. Los primeros casos aparecieron a finales de mayo, poco después de que Gobierno impusiera 14 días de confinamiento a todo el que procediera del extranjero. Tal cuarentena obligaba incluso a turistas y también a los inmigrantes irregulares, que en lugares como el archipiélago canario fueron encerrados durante las primeras 72 horas en los calabozos de las comisarías, lo que ya reveló ya la limitada capacidad de las autonomías para improvisar alojamientos para inmigrantes, una población ajena a sus recursos y a sus capacidades.

El protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones, emitido los primeros días de agosto a la vez que se recibía en Murcia, Canarias y Andalucía una primera oleada de pateras, ha forzado a las Administraciones autonómicas a buscar espacios propios o alquilados y pagarlos de su bolsillo, como también están sufragando la seguridad privada que requiere el interior de estos centros. La orden prohibe mezclar a inmigrantes llegados en unas embarcaciones con los de otras. Así, Canarias ha tenido que disponer cerca de una treintena de lugares diferentes, como colegios o pabellones, que llegadas estas fechas tienen que irse recuperando para la actividad. Murcia lo hizo ayer con el llamado Cabezo Beaza, ubicado en Cartagena, del que por otro lado han escapado muchos inmigrantes que habían estado en contacto directo con positivos por coronavirus. Este fin de semana, han llegado a esta región otros 142 inmigrantes irregulares, siete han sido hospitalizados por positivo por Covid y 43 trasladados por Cruz Roja a un hotel que la autonomía ha alquilado. Ayer martes arribaron diez más.

Al margen, en Canarias se rescataron este fin de semana 95 inmigrantes procedentes de tres embarcaciones, en Almería fueron desembarcados más de medio centenar desde el viernes y en Alicante se contabilizaron dos pateras.

Desde la Junta de Andalucía se mostraron ayer muy contrariados por las acusaciones de la secretaria de Estado de Migraciones. Por querer imponer un protocolo sin negociar; por dejar de atender a los inmigrantes y dejar sola a la Junta en la gestión de esta población; y, por último, por acusar al Gobierno andaluz de abandonar a 400 inmigrantes a su suerte y sin saber su estado serológico cuando además no son competencia de Andalucía sino del Gobierno central.

Todo esto se produce, además, cuando la Junta de Andalucía y el Gobierno de Pedro Sánchez habían protagonizado numerosas reuniones para poder llegar a un acuerdo en un asunto sensible como es la inmigración y en el que desde Andalucía no se quería que fuese un punto de fricción o arma arrojadiza entre administraciones. Por eso mismo, destacan, se hicieron cargo de los inmigrantes que no tenían una prueba PCR positiva, aunque no fuese su obligación.