Una alto cargo del Gobierno insiste en que existió el comité de expertos para la desescalada

Se trata de la directora general de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor López que, en una resolución emitida en respuesta a una denuncia ciudadana a la que ha tenido acceso ABC, considera, más de dos meses después de que el Ejecutivo admitiera el renuncio y marcara un nuevo discurso oficial, que «la existencia de dicho comité es un hecho objetivo e incuestionable, así como la identidad de sus miembros y la celebración de sus reuniones».

En la denuncia, una ciudadana pide a la Oficina de Conflictos que intervenga, haciendo uso de sus funciones, en primer término contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le acusa de mentir en el Congreso de los Diputados y ante los ciudadanos al exponer en repetidas ocasiones la existencia del comité de desescalada. A juicio de la denunciante, el líder del Ejecutivo incumplió «la obligación legal de transparencia y de información establecida en la Ley General de Salud Pública». Por ello, solicita a la Oficina de Conflictos de Intereses que «proceda a iniciar expediente sancionador contra el presidente del Gobierno».

La denunciante, sin embargo, no se queda ahí y pide también que se depuren responsabilidades contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tomó el mando único durante el primer estado de alarma, así como contra el resto de altos cargos que intervinieron en la elaboración y publicación de las agendas oficiales. Entiende esta persona que, en el momento en el que la agenda pública del presidente u otros altos cargos reflejó un encuentro atribuido al comité de desescalada, se está produciendo una manipulación que menoscaba los derechos de los todos ciudadanos a la hora de conocer a qué se dedican sus dirigentes.

«El falseamiento y ocultación de la realidad supone una infracción de la obligación de transparencia de los cargos públicos», especifica la denunciante en el texto de la denuncia que remitió a la Oficina de Conflictos de Intereses. También solicita medidas disciplinarias contra el secretario de estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver al considerar que, igualmente, participó en este caso.

La directora general de la Oficina de Conflictos, en su resolución y lejos de admitir a trámite esta denuncia, subraya incluso que no comprende por qué la denunciante considera que no existió el comité de desescalada. Y eso que en su argumentación la reclamante hace alusión expresa a la comunicación que hizo el Consejo de Transparencia al respecto y también al escrito del Defensor del Pueblo. Ambas instituciones dejaban constancia en un documento oficial que no se constituyó dicho comité de expertos durante el primer estado de alarma.

«No se alcanza a entender el motivo por el que la denunciante alega la inexistencia de dicho Comité y de sus reuniones cuando hay constancia expresa de la celebración de sus sesiones, incluso a través de testimonios gráficos en los que aparecen relacionados sus integrantes, tal y como puede comprobarse en la agenda del presidente del Gobierno y en la página web de La Moncloa. De hecho, la misma denunciante hace referencia a la publicación de esas fotografías en su escrito», argumenta López, que acto seguido da carpetazo al asunto reivindicando nuevamente la existencia del grupo asesor de la desescalada y cerrando cualquier opción para la depuración de responsabilidades.

Sin embargo, esta postura contrasta con la versión que, después de la polémica suscitada durante el verano, dio el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, la última semana del mes de julio en sede parlamentaria, cuando admitió que no se conformó un comité de expertos independiente para la desescalada y que le correspondió a él tomar la decisión sobre qué territorios avanzaban o no de fase. Para ello, dijo, se basó en los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), dirigido por Fernando Simón. «No se creó un comité al margen de la Administración pública del Ministerio de Sanidad», reconoció Illa tras ser acorralado por las preguntas de la oposición.