Vox acusa al Gobierno de protagonizar «un asalto al más puro estilo bolivariano» con su reforma del CGPJ

El PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una iniciativa en el Congreso con la que pretenden impedir que un CGPJ en funciones haga nombramientos, como sucede ahora, con el mandato del órgano de gobierno de los jueces caducado hace dos años.

El bloqueo en la renovación del CGPJ, ante la negativa del PP a pactar un reparto en el que participe Podemos, llevó ya a los dos partidos del Gobierno a proponer un cambio legislativo el pasado octubre para reducir la mayoría necesaria para nombrar a doce de los veinte vocales del Consejo de la cualificada de tres quintos (210 diputados) a una absoluta (176 escaños).

Las críticas arreciaron desde la oposición , las asociaciones de jueces y fiscales e incluso la Unión Europea , y, aunque PSOE y Podemos no retiran la iniciativa anterior, registran otra distinta ahora, en la que solo se contempla interrumpir la capacidad de nombrar jueces del CGPJ mientras esté en funciones. Un elemento de presión más para el PP, al que intentan forzar a pactar.

PP y Ciudadanos (Cs) ya se han posicionado esta mañana en contra de la nueva iniciativa del Gobierno, y esta tarde los diputados de Vox han cargado contra ella con dureza. Espinosa de los Monteros ha acusado al Ejecutivo de coalición de buscar «un asalto al régimen del 78» impidiendo al CGPJ realizar nombramientos.

«Es un asalto al más puro estilo bolivariano», ha añadido el portavoz de Vox, quien se ha referido al Gobierno como «socialcomunistarra» por su pacto con EH Bildu -coalición heredera de Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA- para aprobar los Presupuestos Generales del Estado . Espinosa de los Monteros ha prometido a los jueces su respaldo y ha apostado por un sistema en el que los propios magistrados sean quienes elijan a doce de los veinte vocales del CGPJ. Una postura reivindicada por Cs hace años, que ya vio en septiembre cómo PSOE y Podemos tumbaban su proposición de ley encaminada a ello.

Olona ha anunciado hoy el registro de dos proposiciones no de ley -iniciativas no vinculantes legislativamente, pero que suponen un termómetro para calcular la voluntad del Congreso- encaminadas a garantizar «la independencia judicial».

Una de ellas pide al Gobierno que detenga su reforma legal para trasladar la instrucción penal a la Fiscalía, en vez de al juez instructor, como hasta ahora. La otra, reclama una mayor transparencia en el nombramiento de los jueces para evitar la «discrecionalidad» con la que, según Vox, se acometen ahora.