Los abogados encubrían las consignas de ETA a los presos en rollos de papel

Zulueta, Emparantza y Sarriegi utilizaban de manera perversa el derecho que les asistía, en su condición de abogados, a visitar a los reclusos, para transmitirles las órdenes de los cabecillas de la banda y mantener la disciplina más «férrea». Ello llevó a Rubalcaba a considerar que, tras la operación, «algunos presos se habrán sentido aliviados, ya que preferirán que su abogado esté en la celda de al lado, en vez de en el locutorio imponiéndole órdenes». Sin embargo, es pronto para calibrar si la caída de los «togalaris» puede favorecer la postura de los presos disidentes en el pulso con los sumisos a la ortodoxia de la dirección.

Pero lo que sí es seguro, subrayó Rubalcaba, es que los reclusos se han quedado sin sus «comisarios políticos» o «controladores», pero, también, sin «sus carceleros».

A sabiendas de que obraban de forma delictiva, Zulueta y compañía entregaban las consignas de la cúpula por escrito, en papeles adecuadamente enrrollados y ocultos en los más recónditos recovecos de su cuerpo. Se entrevistaban con el interlocutor que el «colectivo de presos» tiene en cada centro penitenciario quien, después, trasladaba las órdenes al resto de sus compañeros. Para hacer llegar a los cabecillas en Francia las aportaciones de los reclusos utilizaban, a la inversa, el mismo «modus operandi».

Zulueta, Emparantza y Sarriegi tuvieron un papel destacado como «comisarios políticos», por ejemplo, cuando pasaron a la cúpula etarra una lista de presos críticos con la ruptura de la tregua, que recientemente fueron expulsados del colectivo. También impulsaron un simulacro de «debate» en el que primaron las voces de los partidarios de seguir atentando.

Absoluta impunidad

Estaban los tres tan identificados con la estrategia del terror que sin que se lo pidieran los jefes de ETA recabaron por propia iniciativa informaciones sobre posibles objetivos. Al parecer, fue Jon Emparantza el chivato que pasó a la banda datos sobre las estancias del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en un restaurante de Madrid. La información había llegado ya a la cúpula y fue intervenida después por la Policía gala.

Aprovechando al máximo su impunidad, no dudaron, por ejemplo, en aparcar sus vehículos en las proximidades de una comisaría de la Ertzaintza en San Sebastián para comprobar la manera más segura y eficaz de perpetrar contra ella un atentado, quizá con coche bomba. De la misma manera, habían hecho seguimientos a un militar retirado y a varios políticos.

Además, no sólo captaban nuevos pistoleros, sino que personalmente los ponían en contacto con las estructuras de ETA fijando citas, sobre todo en Francia. Para este cometido, y también para transmitir consignas de los cabecillas de la banda a Batasuna y grupos afines, Zulueta, Emparantza, Sarriegi y compañía utilizaban como «buzón» la red de «herriko tabernas».

Este grupo de pluriempleados etarras se dedicaban también a facilitar la huida de pistoleros en busca y captura. Por ejemplo, ayudaron a trasladarse a Francia a Mikel Olza Puñal, integrante del «comando Urederra» que ETA reorganizó durante la «tregua».

El «comando togalari» tenía tiempo incluso para dinamizar los grupos que en el argot etarra integran el «movimiento pro amnistía», esto es, Askatasuna, Etxerat, Presoen Aldeko Taldeak (PA) -grupo contra la «tortura»- y Behatokia -simulacro de observatorio que denuncia ante organismos internacionales la vulneración de los derechos humanos en España-.

El «impuesto»

Los abogados gestionaban también el cobro del «impuesto revolucionario». En poder de José Luis Gallastegi, delegado de LAB en el sector pesquero, se encontraron 50.000 euros distribuidos en sobres, aunque se desconoce su procedencia.

La primera fase de la operación, en la que el CNI ha jugado un papel relevante, está cerrada en cuanto se ha detenido ya a las diez personas vigiladas. Pero la documentación incautada en los 17 registros, que incluye correspondencia entre los jefes de ETA y los integrantes de sus tramas, abre nuevas vías de investigación, y apuntalan las pruebas que ya tenía la Guardia Civil contra los «abogados del diablo».