La Abogacía de Baleares no acusará a Matas de blanqueo por la compra del «palacete»

Cabe recordar que en esta pieza el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro , imputa el presunto delito de blanqueo de capitales a Matas, Maite Areal —su esposa—, Fernando Areal —su cuñado—, Bartolomé Reus, Miguel Ángel García-Inés, Antonio Obrador, Josefa Lorca y María Emilia Rodríguez . En esta causa también se investigan la compra y la reforma de un piso en Madrid y los gastos relacionados con diversas propiedades ubicadas en la localidad mallorquina de la Colònia de Sant Jordi, donde Matas solía descansar en verano.

Castro ha dictado este jueves una providencia en la que da por apartados a los Servicios Jurídicos del Govern del ejercicio de la acción penal en dicha pieza, tras un escrito presentado por la propia Abogacía de la Comunidad del que el juez ha dado traslado a las partes personadas. Una vez conocido que la Abogacía de Baleares no acusará a Matas de blanqueo, al retirarse como acusación particular en esta pieza, falta saber ahora cuál será la decisión que adoptará sobre este punto concreto el fiscal Anticorrupción , Pedro Horrach .

La citada retirada se ha producido porque la Abogacía entiende que no está legitimada para seguir acusando a Matas de presunto blanqueo, ya que los intereses de la Comunidad no se habrían visto directamente afectados en este caso. Por lo que respecta a lo que pueda decidir Horrach en breve, el fiscal ve muy difícil poder demostrar que los fondos que Matas y su esposa gastaron en la adquisición del «palacete», unos 950.000 euros , podían provenir total o parcialmente de comisiones ilegales entregadas por la adjudicación de algún proyecto por parte del Gobierno balear.

El «palacete», que en 2006 fue tasado en 2,5 millones , fue vendido por Matas en junio de este año por 2,8 millones. De ese total, hubo que descontar una parte para cancelar la hipoteca y otra para el pago de los impuestos. La mitad del neto restante, es decir unos 865.000 euros, fueron depositados por Matas en la Audiencia Provincial casi al final del juicio del caso Nóos, para hacer frente a su responsabilidad civil en esta causa . En la presentación de las conclusiones, Horrach rebajó la solicitud inicial de pena para Matas, que pasó de 11 a 5 años de prisión, al tener en cuenta las atenuantes de colaboración y reparación del daño.

Una vez conocida la decisión de la Abogacía de la Comunidad, la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, ha defendido la independencia de los Servicios Jurídicos a la hora de tomar decisiones. «Nosotros somos absolutamente partidarios de que las cuestiones técnicas y jurídicas se decidan desde esos ámbitos», ha afirmado, para añadir: «Lo que yo deseo es la diligencia en la toma de decisiones judiciales y que si se ha robado dinero público de esta Comunidad, vuelva a las arcas públicas».

El juez instructor ha redactado este jueves varias providencias más, relacionadas todas ellas con otras piezas del caso Palma Arena. Así, en relación a la pieza separada número 3, conocida como el caso Ópera, Castro ha dado traslado a las partes personadas del escrito de los Servicios Jurídicos del Govern en el que éstos piden el sobreseimiento y archivo de la causa.

En el caso Ópera se investigan presuntas irregularidades en la contratación de Santiago Calatrava por parte de Matas, en 2007, para que el arquitecto elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en la bahía de la capital balear. El Govern tuvo que pagar en su momento 1,2 millones de euros por dicho anteproyecto y por dos maquetas. El equipamiento no llegó a construirse nunca.

En esta pieza, sólo se encuentra imputado —investigado en la terminología actual— el expolítico mallorquín, como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude continuado a la administración y falsedad en documentos oficiales.

Por lo que se refiere a la pieza separada número 13, a través de otra providencia Castro ha accedido a la petición de la Abogacía de la Comunidad de ampliar en diez días el plazo ya concedido para formular o no acusación una vez dictado el auto de finalización de la instrucción. En dicha pieza se investiga la campaña de comunicación realizada con motivo del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, celebrado en el Palma Arena.

En este caso, Castro atribuye a Matas, al exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester y al empresario Miguel Romero los presuntos delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentos oficiales.

Finalmente, este jueves el magistrado ha dado traslado a las partes personadas en las piezas 20 y 22 de sendos escritos de los Servicios Jurídicos del Govern, en los que piden que se dé por finalizada la instrucción de ambas piezas y se dicten sendos autos de pase a procedimiento abreviado.

En ese contexto, cabe recordar que Horrach y el actual abogado del expresidente balear, Josep Zaforteza , habrían cerrado ya verbalmente un pacto en dos o tres piezas del caso Palma Arena, pero no aún en las restantes sobre las que están hablando, diez en total. El acuerdo global que Matas espera conseguir con Horrach implicaría que en la mayoría de piezas sobre las que ahora hay negociaciones, el fiscal sólo acusaría finalmente al expolítico mallorquín de prevaricación —delito que no implica la pena de cárcel—, a cambio de que Matas confesase las supuestas irregularidades cometidas.