El exconsejero madrileño Victoria niega pagos irregulares a las empresas de la Púnica

Este contrato de 21.000 euros, según Victoria, se firmó para servicios de seguimiento digital de las noticias relacionadas con el Gobierno de Madrid, una actividad habitual en las administraciones, y no para prestigio digital de algunos de los altos cargos. El exconsejero ha asegurado que su intermediación en el pago se realizó a petición de Isabel Gallego , la jefa de prensa de la Comunidad, y que el contrato lo impulsó José Martínez Nicolás , el exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), un organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid, donde Victoria era el número dos.

Este funcionario fue precisamente quien confesó ante el juez que Victoria le ordenó pedir a Indra que pagase altas cantidades de dinero en negro a firmas de De Pedro, algo negado por él. El exconsejero ha reconocido haber abonado un pago totalmente legal a la compañía tecnológica Indra, por la implantación del sistema electrónico en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una cuestión que estaba bajo su competencia por ser el consejero de Justicia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Fuentes de la investigación aseguran, sin embargo, que la versión de Victoria no se sostiene y que estos elementos deberán llegar a juicio, donde un tribunal deberá valorar el equilibrio entre los indicios y contraindicios de la investigación contra el exconsejero. Estas fuentes han explicado que Victoria ha reconocido que no hay ningún soporte contractual sobre estos trabajos investigados , como sucedería en cualquier Administración, y que no es habitual que un alto cargo intermedie para acelerar un pago de una cantidad tan pequeña, como son los 21.000 euros que Madrid adeudaba a una de las firmas de De Pedro.

Es más, Victoria, quien ha negado que el autorizara o realizara ninguno de estos pagos, llevó a cabo estas gestiones sin ni siquiera conocer de primeras el volumen de los servicios adeudados, informaron las mismas fuentes. Esta causa investiga una supuesta red de corrupción local y regional que infectó varios ayuntamientos de comunidades como Madrid, León, Valencia o Murcia, por la que ya están imputadas más de 100 personas. El juez ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios, a cuarenta personas nuevas, entre testigos e imputados, para contrastar las confesiones de uno de los cabecillas de la red, el empresario David Marjaliza , socio y amigo de Francisco Granados , el exsecretario general del PP madrileño. Ambos están en prisión provisional desde el 31 de octubre de 2014.