Sánchez charla con Díaz en la reunión del Consejo Político Federal del PSOE en Sevilla el pasado julio
Sánchez charla con Díaz en la reunión del Consejo Político Federal del PSOE en Sevilla el pasado julio - efe

Sánchez se abre a un pacto fiscal con Cataluña que crea recelos en el PSOE

Susana Díaz, Javier Fernández y Ximo Puig ya avisan de que no lo aceptarán

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Pedro Sánchez puede abrir una crisis de envergadura en el PSOE si acaba aceptando para Cataluña el «pacto fiscal», eufemismo mediante el cual el nacionalismo viene reclamando Hacienda propia como las del País Vasco y Navarra. La Dirección Federal ha ofrecido señales durante las últimas semanas de estar abierta a negociar un nuevo sistema fiscal con la Generalitat, sin excluir esa fórmula. Y esto ha hecho que Susana Díaz y los barones de Asturias, Javier Fernández; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura o Castilla-La Mancha se hayan puesto en guardia: advierten a Ferraz que no lo tolerarán.

En palabras de Puig a ABC, «no podemos admitir que se fosilicen las desigualdades» que han dejado 35 años de Haciendas propias en el País Vasco y Navarra, por la vía del incumplimiento del «cupo» anual que ambas negocian con el Estado. La presidenta andaluza sospecha que Mariano Rajoy y Artur Mas llevan meses preparando un plan B para salir del atolladero soberanista y se malicia de que, con la excusa de la reforma «federal» de la Constitución, Pedro Sánchez está preparando al PSOE para sumarse a esa salida.

Cuando se negoció la Constitución, en 1978, Adolfo Suárez ya ofreció a Cataluña un trato similar al de los territorios forales; entonces CiU se negó porque tenía menos desgaste ingresar vía Estado que recaudar al contribuyente. El tiempo y el deterioro de los servicios le fueron cambiando de opinión. Tarde. Ahora, ninguna de las quince autonomías del sistema de financiación general va a admitir sin oposición que un territorio que representa más del 17 por ciento del PIB del Estado se desgaje de la caja común.

Luena: «Queremos impulsarlo»

Jordi Pujol sí logró «tramos au-tonómicos» del 15 y el 30 por ciento del IRPF de PSOE y PP cuando, tras las elecciones de 1993 y 1996, pudo condicionar las investiduras de Felipe González y José María Aznar. Ambos lo «vendieron» como una mejora común, no como una cesión al nacionalismo catalán. Pero es dudoso que Rajoy o Sánchez lograran eso mismo hoy porque la brecha interterritorial se ha agrandado y acceder a los deseos de Cataluña abriría la espita para que las otras tres regiones contribuyentes netas, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, exigieran lo mismo.

El debate volvió con fuerza al PSOE hace un mes, a propósito de la presentación por parte de Pedro Sánchez del grupo de expertos que le va a asesorar en la reforma «federal» de la Constitución; ahí llegó un primer aviso de la presidenta de Andalucía contra la «España de dos velocidades». Pero es que días después, tras reunirse con 80 alcaldes, el líder socialista fue más explícito: no habló de «pacto fiscal», pero sí de «reconocer mayor autogobierno» a las autonomías «que tengan esa vocación»... «singularmente Cataluña».

Como en toda organización verticalizada que se precie, la palabra del líder es ley, así que el secretario de Organización del PSOE, César Luena, preguntado días después si eso significa que los socialistas están dispuestos al «pacto fiscal» que pide Cataluña, respondió: «No es que estemos dispuestos, es que lo queremos impulsar»; a lo cual añadía que «ese impulso que se puede dar desde Cataluña hay que aprovecharlo en positivo». Al «número dos» de los socialistas le gusta restar importancia al posible desequilibrio en el sistema de financiación resultante, recordando que él es riojano, vecino de los vascos, y, que pese a tributar en Haciendas diferentes «no tenemos ni más ni menos derechos».

Una afirmación que dirigentes regionales del PSOE consultados por ABC no suscriben «en absoluto»; y echan mano para sus argumentos del informe del catedrático Ángel de la Fuente, demoledor en clave de desigualdad territorial.

2.000 euros de «brecha»

Según ese estudio, la «financiación media» para los servicios en las quince autonomías del régimen común fue en 2011 de 2.077 euros per cápita. Con todo, el dato interesante no es ese sino comprobar cómo 35 años de Haciendas separadas han generado una brecha de 2.000 euros per cápita entre País Vasco y Navarra, por un lado, y las quince restantes. Sin necesidad de fijarse en las que están a la cola (Extremadura, Castilla-La Mancha o Ceuta y Melilla), las ricas Baleares y Comunidad Valenciana obtienen una financiación anual para sus servicios de 1.790 y 1.804 euros per cápita... En el País Vasco y Navarra, esa ratio se dispara hasta los 3.868 y 3.414 euros.

Aún así, el pensamiento que domina en la Dirección Federal del PSOE es el que expresó gráficamente semanas atrás el portavoz en el Senado, Óscar López, cuando dijo: «Habrá que hablar de todo lo que haya que hablar (con Cataluña) para seguir viviendo juntos». Y los que pueden ser damnificados por una apertura en canal de todas las finanzas del Estado, País Vasco y Navarra, comienzan a estar inquietos. En la reciente reunión entre el lendakari, Íñigo Urkullu, y Pedro Sánchez, éste le garantizó que el PSOE nunca irá contra los conciertos vasco y navarro, que igualaría la renta para financiación de servicios por abajo; que solo quiere «constitucionalizar» el sistema en su conjunto.

Ferraz argumenta que en la Declaración de Granada (2013) todos los barones se plegaron a reconocer, por exigencia del PSC, el principio de «ordinalidad», esto es, que una comunidad, después de aportar a la solidaridad no baje puestos en renta per cápita. Pero esos mismos barones replican que la declaración admite «tantas interpretaciones como firmantes» y que no puede llevar a más desigualdad. «No es aceptable», diceJavier Fernández.