El Gobierno central estudiará si puede aprobar una declaración de interés general para desbloquear el ATC

«También el Estado puede tomar alguna declaración de interés general para determinadas actuaciones que pueda superar esas limitaciones», ha sostenido este miércoles en Valladolid el ministro de Justicia, Rafael Catalá , que, junto a la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina , ha respaldado con su presencia la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro.

No obstante, la propuesta para ampliar el espacio reconocido como Red Natura en la Laguna del Hito, en Cuenca, para pasar de mil a 25.000 hectáreas protegidas, que incluye los terrenos en los que se proyecta el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, todavía no está en la mesa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es quien debe cursar la petición a la UE, según ha explicado a los medios la ministra.

Dar un «parón» a este almacén temporal centralizado es «una mala noticia» para el ministro de Justicia, quien en declaraciones a los periodistas ha explicado que «estudiarán» esa propuesta de Castilla-La Mancha « para valorar si es una negociación de ámbito político o competencial ».

«Si cada uno actúa dentro de sus competencias no hay nada que decir», en el caso contrario «ahí está la justicia que tendrá que decidir cuando hay discrepancia », ha sostenido Catalá, para quien se trata de una cuestión «singular y delicada».

El ministro de Justicia ha recordado que se trata de una decisión adoptada a lo largo de muchos años y con distintos gobiernos.

Por su parte, la titular de Agricultura y Medio Ambiente ha incidido en que « no han recibido ninguna solicitud » del Gobierno de Castilla-La Mancha para que se tramite la citada ampliación de la Red Natura.

Catalá también ha insistido este miércoles en que «la independencia no cabe» en el modelo de convivencia español , en referencia a Cataluña, por lo que «si el Gobierno tiene que actuar para garantizar el orden constitucional utilizará todos los recursos, porque esa es su obligación».

El ministro ha abogado por ese respeto institucional y del principio de legalidad desde Valladolid, capital, que ha recordado, lo fue de España con Felipe III, informa Efe . Además, ha recordado que cada administración tiene sus competencias y el problema surge cuando alguna de ellas o poder público «desborda su ámbito competencial y trata de legislar y tomar decisiones que no le corresponden».

«Si eso sucediese en cualquier Comunidad, en este caso en Cataluña», si plantease un proceso electoral más allá de la normalidad de los procesos electorales normales el gobierno, en su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, «tendría que recurrir en el ámbito judicial o constitucional» .