El Supremo absuelve a la etarra Idoia Martínez de asesinar a un militar

En un escrito, la Sala de lo Penal del Supremo ha comunicado a la Audiencia Nacional un anticipo del fallo, que l e absuelve de los delitos de atentado terrorista con resultado de muerte , lesiones, estragos terroristas y uso ilegítimo de vehículo a motor.

En el escrito remitido por su abogado, Alfonso Zenon, el Supremo también ordena dejar sin efecto las medidas que se tomaron en su contra a raíz de su condena , pero la etarra permanecerá en prisión al estar cumpliendo otras condenas previas, según su defensa.

De esta manera, el Supremo deja sin efecto la sentencia de los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ángel Luis Hurtado y Julio de Diego, que consideraron probado el pasado enero que fue Idoia Martínez quien se encargó de colocar la bomba lapa en los bajos del vehículo de Utrera.

Además de condenarle a la pena carcelaria, la Audiencia Nacional le obligaba a indemnizar con 500.000 euros a los herederos del teniente asesinado. Discrepaba de esa conclusión el tercer magistrado que componía el tribunal que juzgó este atentado, José Ricardo de Prada, quien emitió un voto particular contrario a la opinión de sus compañeros al considerar que no había pruebas suficientes para condenarla.

La principal prueba que esgrimía la Audiencia Nacional contra ella eran las declaraciones prestadas en sede policial del etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano (condenado a 36 años por este atentado), quien situó a Idoia Martínez en el comando Madrid y afirmó que fue quien colocó la bomba lapa. Sin embargo, en el juicio Azurmendi negó haber hecho estas declaraciones y alegó haber sufrido malos tratos por parte de la Guardia Civil durante su detención, negación a la que la Sala no da crédito al constatar que nunca denunció esos malos tratos.

El atentado tuvo lugar el 23 de mayo de 1994 , cuando, sobre las ocho de la mañana, Utrera cogió su coche para trasladarse desde su domicilio, en la calle Lineo de Madrid, hasta el cuartel de Ingenieros, donde prestaba sus servicios.

Cuando circulaba a la altura del kilómetro 6 de la carretera de N-V, la bomba lapa estalló y causó la muerte instantánea del militar, de 48 años de edad, quien dejó viuda y cuatro hijos en edad escolar.

Martínez García, extraditada desde Francia en 2003 tras ser detenida en 1997, fue condenada en España a 32 años de cárcel por robar sus armas a dos policías municipales de Madrid en agosto de 1994 y por los delitos de depósito de armas y tenencia de explosivos.