Las preguntas que la imputada Tania Sánchez no respondió

Así, la exlíder de IU Madrid, acusada de tráfico de influencias, malversación y prevaricación , se limitó a echar balones fuera sobre los principales hechos que se le imputan:

- Su voto a favor de adjudicar un contrato de 137.000 euros a la sociedad que administraba su hermano, Héctor Sánchez, la cooperativa Aúpa, revelado por ABC: Tania Sánchez dijo a la juez que «no sabía» que el 21 de octubre de 2008, entre los asuntos que se llevaron a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas, en la que participó como concejal de Cultura, había un contrato para su propio hermano. Se escudó en que «son muchos puntos» los que se votan. Es más, su abogado, Gonzalo Boyé, dijo en la puerta de los juzgados que «hay una memoria para ser aprobada y tú no revisas las 500 páginas . Eso lo sabe cualquier persona que asiste a un ayuntamiento. Lo que hicieron todos los concejales fue aprobar ese expediente». La verdad es que el acta de esa sesión se compone de 62 páginas y la inmensa mayoría de los puntos son concesiones de licencias de obras. En esa Junta de Gobierno tan sólo se votó la adjudicación de cuatro contratos y uno de ellos era para una sociedad cuyo administrador único era su propio hermano . En total, Aúpa recibió 29 contratos por un importe de algo más de 1,4 millones, un caso desvelado por ABC .

- Tania Sánchez también alega que la contratación contaba con el visto bueno de los técnicos del ayuntamientos. Lo que no dice es que los técnicos que elaboraban los expedientes e informaban sobre las ofertas eran las funcionarias que habían creado la cooperativa , es decir, socias de Héctor Sánchez. Desde el ayuntamiento participaban en procedimientos para contratar una sociedad en la que tenía intereses. Ambas, Yolanda Pérez y María Abril están imputadas . Es más, en los documentos incorporados a la causa hay pruebas de que Yolanda Pérez intervenía simultáneamente como miembro de la cooperativa Aúpa y como funcionaria que controlaba las adjudicaciones a esa misma sociedad.

- Tania Sánchez tampo dijo que entre las funciones de los técnicos no está enterarse de qué contratistas son familiares directos de los concejales. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato , quien resolverá lo procedente». A continuación enumera los motivos de abstención: «Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados». Debió abstenerse de todo el procedimiento , al igual que su padre, el concejal Raúl Sánchez. Este reconoció a la juez que «todo el ayuntamiento» sabía que se estaba contratando a su hijo, pero «nadie» le avisó de que era incompatible ni de que debía abstenerse, por lo que no lo hizo. Desconocer las leyes no exime de su cumplimiento.

- Autosubvención de 2.500 euros : Tania Sánchez declaró a la juez que cuando otorgó una subvención de 2.500 euros a la asociación Pecados Capitales, en 2008, ya hacía «tres años» que no formaba parte de esa entidad. La verdad es que Tania Sánchez fundó la asociación Pecados Capitales junto a otras personas en 2001 y cuando otorgó la subvención ella seguía siendo representante de Pecados Capitales . Así lo ha acreditado el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, donde no figura inscrita baja alguna por parte de Tania Sánchez. Según la acusación, este hecho puede ser constituvo de delito de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación.