El fiscal se adhiere al recurso de la Infanta contra la negativa de Castro a rebajar la fianza

En un escrito registrado en el juzgado de Castro para manifestar su adhesión al recurso presentado por la defensa de Doña Cristina ante la Audiencia de Palma, Horrach asegura que la negativa del instructor a reducir la fianza aplicando la atenuante de reparación del daño se basa en una interpretación contraria al precepto legal.

Como la hermana del Rey consignó en diciembre 587.413 euros para hacer frente a una posible responsabilidad civil como beneficiaria a título lucrativo de presuntos delitos de su esposo, sus abogados defienden que debería aplicársele la atenuante de reparación del daño al cálculo de la fianza, con lo que coincide el fiscal porque la consideración de esa circunstancia, dice, «no requiere el reconocimiento de la responsabilidad».

Castro había descartado la pretensión de rebaja porque Doña Cristina «nunca se ofreció voluntariamente a dar su versión sobre los hechos» ni tenía intención real de «reparar ningún daño» cuando consignó los 587.413 euros, pero Horrach argumenta que por encima de la «labor interpretativa» del instructor está la norma que elimina «la exigencia de contrición o arrepentimiento».

«Ni cabe distinguir donde la ley no lo hace, ni la estrategia procesal, ni menos aún el derecho constitucional a no reconocerse culpable, son motivos legales para soslayar la apreciación de la atenuante del artículo 21.5 del Código Penal como elemento modulador de la fianza en contra del imputado», incide el fiscal.

En el escrito de adhesión al recurso en el que la defensa de la Infanta insiste ante la Audiencia provincial en rebajar su fianza de 2,7 millones a los 587.413 euros que ya tiene depositados en el juzgado, el fiscal agrega que también ha de tenerse en cuenta que ni la acusación pública ni la particular que representa a la Agencia Tributaria imputan delitos a Cristina de Borbón.

Horrach argumenta además que es preciso considerar que la acusación que el sindicato Manos Limpias sostiene en solitario contra la Duquesa de Palma es a título de cooperadora en los presuntos delitos fiscales de Iñaki Urdangarín en 2007 y 2008.

Agrega que la cuantía de la fianza ha de tener como referencia para su modulación el montante que reclama el perjudicado, que en este caso es la Agencia Tributaria, en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en el presunto fraude, que asciende a 168.571 euros.