El juez Castro embarga fondos de Aizoon para cubrir las fianzas de la Infanta y Urdangarín

En un auto dictado hoy, Castro ordena que se cause traba sobre las sumas depositadas a favor de Aizoon (la empresa que es propiedad de los duques de Palma al 50 %), en un expediente de ejecución de títulos judiciales que se desarrolla en el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Palma.

Esas cantidades están en dicho juzgado como consecuencia de una reclamación de cantidad que esta sociedad había solicitado a raíz de un impago, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Castro embarga un 50 % de la cantidad existente para cubrir la fianza de Doña Cristina y otro 50 % para la de Urdangarín.

Además, ha ordenado que la traba se haga efectiva también a las cantidades que en el futuro se sigan depositando en dicho expediente, hasta que el juez decida su cese. El juez fijó una fianza de responsabilidad civil de 2.697.150 euros para la Infanta Cristina, acusada de dos delitos fiscales, en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos.

A la Infanta le restarían por aportar 2.109.736 euros porque el pasado diciembre consignó anticipadamente en la cuenta del juzgado 587.413 euros, la cuantía que la Fiscalía Anticorrupción mencionó en su escrito de acusación como aquella de la que considera que doña Cristina se lucró. En cuanto a Urdangarin, la cuantía fijada para él fue de 13.646.950 euros.

Urdangarín y su exsocio Diego Torres ya depositaron durante la fase de instrucción de la causa una fianza conjunta de 5,9 millones para cubrir posibles responsabilidades, por lo que no estaban obligados a presentar un nuevo listado de bienes susceptibles de embargo para hacer frente a las nuevas cauciones como los demás acusados de Nóos.

Por otra parte, el juez ha dado traslado a las demás partes personadas en el caso Nóos del escrito que registró la Infanta el pasado viernes en el Juzgado, donde reclamaba una reducción de la fianza de responsabilidad (que fijó para ella en 2.697.150 euros en el auto de apertura de juicio oral), y les ha dado cinco días para que aleguen lo que estimen conveniente antes de resolver.